Para que haya mercados competitivos, el Estado debe tener capacidad de acción

El Honorable Senado de la Nación está estudiando una nueva ley de defensa de la competencia. El proyecto salió de la Cámara de Diputados con gran consenso y es una respuesta seria y madura a los problemas de la ley vigente: su aprobación sería un gran paso adelante para generar las condiciones necesarias para fomentar mercados justos y transparentes y avanzar en el camino del desarrollo.

Efectivamente, para ser un país plenamente desarrollado es fundamental tener una buena institucionalidad en defensa de la competencia. Para tener una economía dinámica, que crece y reduce la pobreza de manera sostenida, es necesario generar mercados competitivos y transparentes. Y como los mercados no siempre van en esa dirección, el Estado debe tener la capacidad de actuar. Para que las PyMEs no sean víctimas de prácticas anticompetitivas de grandes empresas; para que los consumidores tengan más alternativas, mejores precios y calidad; y para que la competencia empuje a las empresas a progresar por su propia eficiencia e innovación.

Por todo esto, a lo largo de la historia los países han generado organismos de defensa de la competencia que tienen tres funciones principales: penalizar conductas anticompetitivas y así disuadir este tipo de conductas; prevenir la concentración con el análisis de fusiones y adquisiciones; y promover la competencia con un papel activo entre actores públicos y privados, cámaras, empresas y el público en general.

La institucionalidad en materia de competencia en Argentina hoy tiene debilidades. Los tres principales problemas de la ley actual son la falta de independencia del poder político de la autoridad de aplicación; que las sanciones son bajas y entonces muchas veces no disuaden las prácticas competitivas; y que la autoridad no tiene todas las herramientas necesarias para realizar el difícil trabajo de perseguir y penalizar carteles.

El proyecto en análisis por el Senado viene a cerrar esta brecha entre la institucionalidad que requiere el desarrollo argentino y las debilidades de la normativa actual. Es una respuesta seria y meditada por el contenido del proyecto, que surge del análisis crítico de la legislación actual y de la experiencia comparada, está a la altura de las mejores prácticas internacionales e incorpora gran parte de las recomendaciones de la OCDE en materia de competencia. Y es una respuesta madura por el proceso de deliberación pública que lo generó: el proyecto de los diputados Mario Negri y Elisa Carrió fue objeto de consulta abierta; incorporó opiniones de diversas organizaciones, expertos y académicos; y fue mejorado en la Cámara de Diputados gracias a los aportes de muchos sectores políticos.

Estamos frente a una excelente oportunidad de fijar una política de estado que dote a la Argentina de una institucionalidad perdurable y previsible en materia de defensa de la competencia. De lograrlo, estaremos dando un paso importante para fomentar el desarrollo argentino.

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