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Para lograr inversiones hay que cumplir la ley

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ALIETO ALDO GUADAGNI Ex Secretario de Energía de la Nación

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A fines del siglo pasado se elaboró la teoría del ‘public choice’, con el aporte de economistas de la talla de Stigler, Tullock, Peltzman y Olson. Este marco conceptual apuntó a explicar el comportamiento de las ‘burocracias políticas’ que en lugar de propiciar el bien común, procuran maximizar su propia ‘función de utilidad’. Surge así un mercado de oferta y demanda de normas y regulaciones, integrado por ‘empresas amigas’ y ‘burócratas amigos’.

Ambos grupos tienen en común su vocación de ‘maximizar su propio bienestar’. Desde ya que esta alianza de objetivos, exige que las decisiones de las ‘burocracias políticas’ no estén claramente supeditadas a normas objetivas, claras, precisas y bien difundidas, sino que sean esencialmente ‘discrecionales’.

Cuando Argentina modificó en la década del 90 su modelo de organización de los servicios públicos de gas y electricidad, pasando de la esfera estatal a la privada, el Congreso de la Nación procuró evitar esta discrecionalidad explicada por la teoría del ‘public choice’, con nuevas leyes creando entes reguladores, que debían integrarse con personas competentes e independientes, mediante concursos públicos y participación del Congreso. Pero nada de esto funcionó durante el período K que, por más de una década, montó un formidable sistema de decisiones discrecionales, utilizando como herramienta leyes de emergencia más el incumplimiento reiterado de las normas legales del sector energético.

Las tarifas de gas están ahora en el centro de la discusión pública, por eso es oportuno recordar que la Ley 24076 (1992) es la que determina que el Enargas es el organismo estatal que establece las bases para el cálculo de estas tarifas, procurando ‘proteger adecuadamente los derechos de los consumidores’ y también ‘alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo’. Por esta razón, son muy estrictos los requisitos para integrar el Directorio de este ente regulador, cuya designación estará supeditada a la autorización de una Comisión Bicameral del Congreso (art.54).

Cuando se privatizó Gas del Estado había surgido la necesidad de tener un órgano regulador absolutamente independiente de los intereses económicos y financieros privados involucrados en el sector gasífero. Debido a esto la ley 24076 es clara y terminante: "Los miembros del Directorio no podrán ser propietarios ni tener interés alguno, directo o indirecto, en empresas que contraten directamente con el productor, de productores de transporte, de comercialización, de distribución de gas y de almacenamiento".

Este tipo de restricción también existe en el caso de la energía eléctrica (ENRE-Ley 24065). El Grupo de ex secretarios de Energía cuestionó públicamente en el 2010 la grave irregularidad que, ningún miembro de los directorios de los entes reguladores de la era K, venía siendo entonces designado respetando el mecanismo de selección previsto en las leyes.

Nuestro sector energético esta hoy notoriamente descapitalizado, ya que en el periodo K cayeron las reservas de hidrocarburos, mermo la producción, aumentaron las importaciones y se deterioró la calidad del servicio con crecientes cortes masivos del suministro por la ausencia de inversiones en producción y distribución. Recuperar el terreno perdido requerirá un gran esfuerzo inversor, que además exigirá normas claras y una regulación competente que reduzca la incertidumbre y la discrecionalidad.

Por estas razones, preocupa no solo que aún no se hayan convocado a concursos públicos para las designaciones de los nuevos reguladores, sino que además el gobierno no ha respetado, en estas designaciones, las normas legales citadas respecto a las incompatibilidades en estos entes reguladores. Este no es un tema menor, ya que si queremos un sector energético eficaz en la prestación de sus servicios y con vocación inversora, debemos comenzar por demostrar sin lugar a dudas, que la discrecionalidad y la violación de las leyes son cosas del pasado, y ahora hemos entrado en una nueva etapa de fortalecimiento institucional.

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