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Papeles de Panamá y su impacto institucional

MARCELO BERMOLÉN Director del Observatorio Internacional de Calidad Institucional Universidad Austral

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Marcelo Bermolén, Director del Observatorio Internacional de Calidad Institucional Universidad Austral

Marcelo Bermolén, Director del Observatorio Internacional de Calidad Institucional Universidad Austral

La revelación de que el Presidente Macri integró el órgano directivo de al menos una sociedad offshore en el paraíso fiscal panameño, pareció descolocar al gobierno y generar una embestida de parte de aliados y opositores. Las filtraciones del llamado Papeles de Panamá eran conocidas de antemano por las autoridades que, sin embargo, evidenciaron escasos reflejos para reaccionar y controlar el estallido.

Las primeras acciones –que se parecieron en mucho a la defensa del periodista Fernando Niembro– buscaron destacar que todo era legal y ajustado a derecho. Aun suponiendo que eso fuera cierto, el Presidente parece olvidar que su liderazgo al frente de una República no solo implica el respeto a la legalidad y la división de poderes, sino que incorpora una dimensión moral y de ejemplaridad que se expone en hacer primar el interés público sobre sus intereses personales.

Hay por lo menos una incompatibilidad ética entre 2005-2007 en que era Diputado Nacional y 2007-2008 en que ejerciera parte de su primer mandato como Jefe de Gobierno de la CABA. Es a partir de esos períodos que Macri integra el grupo de Personas Expuestas Políticamente (PEP) sobre el que ponen especial atención los organismos destinados a combatir el lavado de activos como la UIF y el GAFI. Desempeñar funciones públicas prominentes a través de las cuales se accede a información estratégica y sensible no resulta compatible con dirigir una sociedad privada en un paraíso fiscal con finalidades poco evidentes.

El episodio revela otra grave falencia institucional: la Argentina no está preparada para controlar la corrupción en tiempo real. Las reacciones de la titular de la Oficina Anticorrupción ilustran que ese organismo no se encuentra en condiciones de investigar la eventual corrupción del gobierno del que depende, en razón de su subordinación funcional. Papeles de Panamá descubre también, que existe un sistema instalado en gran parte de la clase política argentina –sin distinción de ideologías o pertenencias– destinado a evadir obligaciones y realizar operaciones y transacciones dudosas, mostrando la débil calidad institucional en la que se mueve la democracia.

El Presidente podría ver afectado su capital político más importante que es la credibilidad, en un contexto de cansancio social sobre el desmanejo de los fondos públicos y predominio de la impunidad. O podría reaccionar de esté traspié y responder con gestos de mayor republicanismo.

A su promesa de constituir un fideicomiso ciego sobre sus bienes, podría sumar la renuncia a todo cargo que tuviese a la fecha en cualquier sociedad, proponer a través de un proyecto de ley la creación de una Oficina Anticorrupción Independiente, y obligar a todos los funcionarios PEP a detallar en sus declaraciones juradas si integran o dirigen sociedades offshore.

Los ejemplos de gobiernos que comienzan con promesas de transparencia y terminan acorralados por su propia degradación son demasiados cercanos para ser ignorados como lección. Responder al déficit moral con mayor institucionalidad es el camino.