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Organismos de control: ¿leading case?

ROBERTO F. BERTOSSI Experto CoNEAU Cooperativismo Investigador y profesor universitario

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Organismos de control: ¿leading case?

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) como los Órganos Locales competentes de la provincia de Santa Fe y de Córdoba, en tanto organismos públicos de control y sanción en materia cooperativa y mutual, son los primeros responsables de la crisis y suerte final de Sancor Cooperativas Unidas Limitada.

Ellos debieron verificar oportunamente –con experticia y pertinacia– el cumplimiento de la ley, de su estatuto y reglamentos por parte de Sancor CUL aplicándole en caso contrario, las sanciones del caso. ¡Para ello fueron creados!

Sus autoridades y los ministros que los designaron, mancomunadamente deberían asumir las responsabilidades del caso, tanto políticas, institucionales como patrimoniales ante los chacareros, tamberos y peones rurales más perjudicados. El pueblo argentino está harto y ‘demasiado pobre’ para continuar afrontando recurrentes salvatajes financieros empresarios, sindicales o deportivos, provocados por los inútiles e irresponsables corruptos de siempre.

Si los organismos de control en cuestión hubieran ejercido plenamente ‘en tiempo y forma’ sus vastísimas facultades, atribuciones, competencias y potestades, Sancor ni la comunidad lechera circundante hubieran caído al penoso estado actual. (Se trata de las ‘ascuas y el futuro’ de cinco mil familias directas más unas diez mil, indirectamente).

Algunas de esas facultades: Vg., Autorizar a funcionar a cada cooperativa; Requerir de las mismas la documentación que estimen necesaria; realizar investigaciones e inspecciones a cuyo efecto podrá examinar sus libros y documentos y pedir información a sus autoridades, gerentes, funcionarios responsables, auditores, personal y terceros; convocar de oficio a asambleas de asociados cuando se constataran irregularidades graves y se estimara la medida imprescindible para normalizar el funcionamiento de la cooperativa; formular denuncias ante las autoridades policiales o judiciales, en los casos que pudiera corresponder el ejercicio de la acción pública.

En ese orden, tanto el INAES como los Órganos locales para hacer cumplir sus decisiones están legalmente autorizadas para requerir el auxilio de la fuerza pública; solicitar el allanamiento de domicilios y la clausura de locales; pedir el secuestro de libros y documentación cooperativa; declarar irregulares e ineficaces, a los efectos administrativos, los actos contrarios a la ley, el estatuto o los reglamentos. Esta declaración de irregularidad podrá importar el requerimiento judicial de la suspensión de las resoluciones de los órganos cooperativos cuando fueran contrarias a la ley, al estatuto o el reglamento y/o la intervención judicial de la cooperativa cuando sus órganos realicen actos o incurran en omisiones que importen un riesgo grave para la propia existencia de la misma; Retirar la autorización para funcionar como cooperativa; etc.

Con ‘la pereza’ de INAES y de Órganos locales, sin independencia política, sin integridad profesional, sin conocimientos cooperativos, sin competencia técnica, sin ética ni imparcialidad de sus autoridades corporativas, la crisis de Sancor encuentra toda su explicación sin encontrar límite la magnitud de su escándalo.

Concomitantemente, ahora podemos y debemos identificar, inmovilizar, denunciar y condenar a todos y cada uno de sus responsables directos e indirectos, porque esta vez, su flagrante y crónico incumplimiento de deberes públicos ya no podrá eludir la ley, puntualmente los artículos 248 y 249 del Código Penal.

Finalmente así, sin duda este será un ‘caso testigo’ no sólo para la legión de cooperativistas y mutualistas perjudicados por un flagrante y crónico descontrol público del cooperativismo y del mutualismo argentinos, sino para corregir también el pésimo y corrupto desempeño de nuestros otros órganos públicos de control en general (nacionales, provinciales y municipales), con las indemnizaciones posibles del caso para tantos damnificados por las omisiones culposas o dolosas derivadas de la captura política e impostura funcional de tales agencias o entes de control vernáculos.

 

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