CRONISTA POR UN D A

Obras energéticas en la turbulencia financiera y contratos bajo sospecha

El debate abierto sobre los modos espurios de financiar la política a través de la obra pública, así como los cimbronazos del tipo de cambio, no la paralizan pero obligan al Gobierno a redefinir con más cuidado sobre los proyectos nuevos o heredados. Las obras energéticas constituyen un capítulo sustancioso de ese menú, cuya atención requiere decisiones urticantes.

En días se conocerán los pliegos definitivos para licitar ocho líneas de transporte eléctrico a través del sistema de PPP (Participación Pública Privada), herramienta clave que el Gobierno encontró para ampliar la infraestructura pública sin desembolsar dinero inmediatamente.

Los adjudicatarios financiarán un paquete de obras por 2300 millones de dólares, que serán repagados con la recaudación tarifaria en pesos. Eso sí, con el Estado como garante.

Sin embargo, ese aval no parece suficiente para atenuar ni los altos intereses ni las crecientes exigencias de los bancos para otorgar garantías de oferta, lo que amenaza esta apuesta clave: hay 226 proyectos de generación eléctrica en construcción, que resultarían inviables si no se amplía la capacidad de transporte.

A aquel hecho financiero se sumó otro político: oficiosamente, los bancos hicieron saber que están menos dispuestos a financiar a empresas investigadas por corrupción, lo que achica el peligrosamente el número de oferentes. Varias constructoras locales bajo la lupa judicial figuran entre las interesadas directas o como potenciales socias o contratistas de firmas foráneas.

En este marco, Energía retocó los prepliegos que difundirá el lunes a fin de hacerlos más amigables a las empresas. El adjudicatario, por ejemplo, ya no tendrá que esperar quince años para cobrar a través de un canon periódico pactado en dólares.

A medida que avance en la ejecución, recibirá un bono emitido contra la recaudación futura de tarifas eléctricas (TPI), título que podrá descontar en una entidad financiera. Deberá asumir un descuento, pero tendrá rápido un pago en la mano.

Pero hay otros millonarios emprendimientos en danza, de vieja data y aún no concluidos, que fuerzan decisiones oficiales más audaces e incómodas.

Una es la del demorado gasoducto del Nordeste, que permitiría abastecer esa región argentina, básicamente con producto ingresado desde Bolivia. El ex ministro de Planificación, Julio de Vido, decidió ejecutar a través de la estatal Enarsa y en tramos un tendido que hace casi tres lustros Techint le había propuesto construir íntegro.

La fragmentación abrió la puerta a algunos oferentes con poca experiencia o menos voluntad de honrar contratos, a pesar de los pagos recibidos. Vertúa no concluyó el tendido de los primeros 260 kilómetros denominado EPC1, que fue relicitado y a principios de este año adjudicado al holding de los Rocca, principal proveedor de caños de toda la traza. Ambas empresas hoy dan explicaciones en Tribunales, aunque en el contexto de otra investigación judicial.

Bajo la gestión macrista, la ex Enarsa encomendó una auditoría general a la Sindicatura General de la Nación, que habría detectado "graves irregularidades" en las contrataciones, a decir de un ex funcionario de Cambiemos. Tal vez un indicio es que hasta el momento se triplicó su presupuesto original. Pero no se conoce ningún expediente que analice todo esto.

Más aún. El Estado se dispone ahora a licitar la operación y mantenimiento del gasoducto, que también plantea dudas sobre su verdadera utilidad. Para algunos es clave para ingresar al país el gas boliviano, el más barato de los que se importan. Para otros, inútil, porque en poco tiempo Argentina dejará de comprar gas afuera.

El dilema tiene cierta similitud al que generó la usina de Río Turbio, anexa a la mina de carbón, caso sí demenuzado Tribunales. Isolux -cuyos directivos por estos días admitieron ante la Justicia pagos irregulares a ex funcionarios del kirchnerismo- demandó más de u$s 1600 millones para montar sin éxito una central que requiere otros 260 para ser puesta a punto.

Algunos macristas quieren dar este último paso. Otros prefieren pasar la fortuna invertida por las arcas públicas a pérdida y cauterizar la herida.

Ni hablar de la ampliación de los gasoductos troncales, obras multimillonarias que hace rato están bajo la lupa judicial y también involucran en la investigación a rutilantes nombres privados como el de Oderbrecht o Albanesi. O el de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, cuyos acuerdos con las contratistas chinas fueron pulidos por el macrismo a fin de hacerlos menos onerosos de lo que resultaban según la versión firmada por el anterior gobierno.

La infraestructura energética no puede dejar de expandirse y no sería lógico desechar cada vez todo lo hecho por una gestión precedente. Pero la urgencia por gestionar no puede ir en desmedro de revisar lo sospechado.

Mirar para atrás o sólo para adelante es una disyuntiva falsa. El pasado de las obras en ejecución contamina el presente y condiciona su futuro. Tanto o más que los espasmos del dólar.

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