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Nuevas reflexiones sobre el esquema PPP

IGNACIO ROSENFELD Socio de FR & Asociados

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Nuevas reflexiones sobre el esquema PPP

Así como 2016 y 2017 fueron testigos del gran impulso de las energías renovables se espera que 2018 sea el turno de los proyectos PPP. Si bien se viene trabajando en el tema desde la asunción del actual gobierno, será recién a partir de este año el momento en que se empiecen a ver los frutos de tanto trabajo de parte, principalmente, del Ministerio de Finanzas, a través de las Subsecretarías de Asuntos Regulatorios y de Participación Público-Privada.

El hecho de que la elaboración del andamiaje jurídico de las PPP haya estado a cargo de Finanzas deja a las claras que lo que se ha buscado priorizar ha sido el financiamiento de las obras más que los aspectos técnicos propios de la construcción, operación y mantenimiento de las mismas. Consecuentemente, una de las grandes innovaciones suministradas por el nuevo régimen de PPP es la creación de los TPIs (Títulos Por Inversión), que operarán como verdaderos títulos-valores, generando así una alternativa de mayor liquidez para los inversores.

Pero para analizar las posibilidades de éxito del esquema PPP es clave diferenciar entre las etapas (i) de construcción, y (ii) de operación y mantenimiento de las respectivas obras. Ello es así porque básicamente ambas etapas no presentan el mismo flujo de fondos, siendo este factor el principal interrogante para el inversor. Partiendo de experiencias recogidas en el resto del mundo, los inversores prefieren apostar por obras de infraestructura ya terminadas y con un flujo de fondos probado, razón por la cual los gobiernos han estado enfrentando últimamente serias dificultades a la hora de involucrar a inversores desde el minuto cero de las obras.

En ese sentido hay que recordar que en la construcción el particular/inversor encuentra su flujo de fondos sometido al régimen de certificación de avance y pago a cargo del órgano público ahora agilizado con la creación de los TPIs, quedando a merced de los retrasos que puedan registrarse en dichas situaciones, mientras que en la operación y mantenimiento la contraprestación la recibe el usuario, tornando así en mucho más previsible el flujo de fondos en esta última etapa.

Si bien el régimen de PPP fogoneado por el actual gobierno permite el involucramiento de una mayor cantidad de actores (instituciones financieras, empresas constructoras), por otro lado no elimina el histórico riesgo por incumplimientos o retrasos de parte del ente estatal contratante, riesgo que de seguro impactará directamente en la valoración de los instrumentos financieros (TPIs) que se emitan al respecto. En ese sentido, es entonces probable que el involucramiento de los actores privados se de en mayor medida en proyectos de menor cuantía económica (para asumir menos riesgos) proyectos que, desafortunadamente, no son siempre los más indispensables para la comunidad.

Asimismo, si el Gobierno está buscando sumar a las instituciones financieras y al público en general al negocio de la obra pública, deberá entonces, al menos, asumir que estos nuevos actores buscarán obtener rendimientos similares -o mayores- a los que ya obtienen en el mercado financiero, punto el cual no debería ser soslayado al momento de cotizarse las respectivas obras.

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