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No canjear garantías por más castigo

No canjear garantías por más castigo

En el ideario de la derecha, el endurecimiento penal tienen un lugar destacado; reducir excarcelaciones, bajar la edad de punibilidad o incrementar las penas son parte de su menú. No es casual que sea el actual gobierno –que avala la detención de Milagro Sala y observa con simpatía que genocidas vuelvan a sus casas– el que lanzó –usando con oportunismo un doloroso homicidio– una campaña para convencernos que habrá menos delito ampliando el castigo hacia los pibes pobres y buscando apoyo para bajar la edad a 14 años. Afortunadamente un amplísimo espectro de referentes sociales, académicos y políticos, profesionales y religiosos, de especialistas y trabajadores del mundo de la niñez reaccionamos, rechazando de plano ese planteo represivo.
Desde una posición casi sin adeptos hoy, la Dra. Laura Musa y la Fundación Sur sostienen –ver nota de El Cronista del 13 de enero– que reducir la edad de punibilidad a 14 años es parte de una reforma garantista y democratizadora. Proponen hacer lo mismo que postula Garavano pero le asignan al hecho un curioso e hipotético efecto favorable a los Derechos Humanos. ¿Cómo llegan allí? La Dra. Musa reitera una compartida critica a la ley 22.278 –su origen dictatorial, su colisión con la Convención sobre los Derechos del Niño, su utilización para castigar en nombre de la protección o su empleo para justificar aplicación de penas brutales– para terminar aceptando que con cualquier cambio legal obtendríamos un régimen penal juvenil democrático. Hay allí una trampa: parecería imprescindible reducir la edad penal para salir de la 22.278 e instaurar un marco legal respetuoso de los Derechos Humanos. ¿Es necesario aceptar mayor punición a cambio de mayores garantías? ¿Los que nos expresamos en contra de la baja de la edad de punibilidad –organismos de DDHH, UNICEF o la Iglesia, por ejemplo– no querríamos una legislación respetuosa de derechos? No, de ningún modo. Somos muchos los que aspiramos a una ley penal para adolescentes centrada en la prevención y la especialidad; con un régimen de sanciones socio–educativas limitado, acorde a su madurez; que privilegie las medidas alternativas a la privación de libertad; que impida confundir sanciones con protección. Y con el mismo énfasis, estamos convencidos que la edad mínima debe seguir siendo la de 16 años. Es falso que debamos optar.
Desde la Red ‘Argentina No Baja‘ señalamos que reducir la edad mínima no es eficaz como medida de política criminal, que empeora la situación de los chicos lejos de mejorarla, que contribuye a demonizar a la infancia pobre y que es inconstitucional. Y dijimos que confunde: porque es necesario derogar el régimen de la dictadura, pero ello no hace imprescindible reducir la edad de punibilidad a 14 años. En síntesis: abogamos por un régimen legal penal respetuoso de derechos para adolescentes de 16 y 17 años.
En su artículo la Dra. Musa dice que los que resistimos la regresión antidemocrática somos divulgadores de consignas y que los 16 años de edad penal mínima es un mito de la dictadura. No responderemos con faltas de respeto. Sí haremos un señalamiento que la autora debiera considerar: no existe una sola conquista democrática conseguida en nuestro país –ni para los niños, ni para los adultos– que fuera obtenida cuando sectores democráticos o progresistas admitieron convertirse en furgón de cola de la derecha conservadora. La reforma del régimen penal para adolescentes no será una excepción a esa regla histórica.