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Nada cambia para los adolescentes presos

Nada cambia para los adolescentes presos

El Gobierno Nacional ha dictado un decreto de traspaso de las cárceles de Adolescentes a la órbita del Gobierno de la ciudad. Se trata simplemente de un pase de manos burocrático: los Adolescentes presos seguirán sin tener mínimas garantías constitucionales, su condición jurídica seguirá siendo previa a la Revolución Francesa y continuarán viviendo en las mismas condiciones y con los mismos riesgos de perder la vida.
Nada cambia. Se pierde una oportunidad histórica de reabrir el debate sobre la cuestión penal juvenil y la necesidad de establecer un régimen penal juvenil acorde a la Constitución Nacional.
Pensar en seriamente un cambio en la condición de los adolescentes presos en Argentina, obliga con urgencia a derogar el decreto ley de Videla 22278, que rige sus procesos. Esta Ley de la dictadura, aún vigente, permite (y de hecho, si son pobres, prácticamente obliga a) privar de libertad a los adolescentes con denuncia policial, con la excusa de un inexistente tratamiento tutelar para luego juzgarlos como adultos cuando cumplen los 18 años.
Mantener esta Ley le ha costado al Estado Argentino la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos . Esta violación se sigue perpetrando cada día, en cada tribunal que la aplica.
Nada cambia. Los adolescentes continuarán viviendo en las mismas instituciones de encierro que han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por sus condiciones materiales. Tanto hay para esconder, que el gobierno anterior y el actual han impedido la inspección de estas cárceles por los organismos de Derechos Humanos. Recientemente, la Procuración Penitenciaria, acompañada por Fundación Sur Argentina, logró un fallo de la Corte Suprema de la Nación que ordena al Estado a permitir que se controlen las condiciones de encierro.
Si a algún gobierno se le ocurriera poner las cárceles bajo la órbita de la Secretaría de Deportes, uno pensaría que se trata de un error. Sin embargo, nadie ha pensado en ello, a pesar de que este traspaso pretende ubicar nuevamente a las cárceles de adolescentes en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, respondiendo al más oscuro tratamiento del patronato, que trata de maquillar la persecución penal de los adolescentes pobres con cuidados asistenciales.
El Ministerio de Desarrollo Social debe hacer efectiva la Protección integral de este colectivo de manera universal y no tiene entre sus funciones la cuestión penal. Es el Ministerio de Justicia el que debe administrar las cárceles para adolescentes, con todas las garantías que rigen en la materia. Si esto no fuera así, quedaría cada vez más claro que nada cambia.

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