Los planes de un Estado revelan qué 'precio' le asigna al factor confianza

En el mundo de la economía, la confianza gatilla tanto pequeñas decisiones de compra como grandes decisiones de inversión. Está considerada como un intangible, y es común escuchar que "la confianza no tiene precio". Sin embargo, cuando ese factor se quiebra o desaparece, el que sufre su pérdida muchas veces está dispuesto a recuperarlo, y para hacerlo tiene que valorizar de alguna manera esa confianza.

Cuando una persona va a un restaurante y le ofrecen algo que no es de su agrado, o está disconforme con el servicio, el propietario suele compensarlo de alguna forma. Si el cliente queda satisfecho, el valor de esa compensación fue el precio que pagó para recuperar la confianza dañada. La razón de este acto es clave: en el mundo de la economía colaborativa, cada señal de "me gusta" en una aplicación vale oro. De la misma manera, cada comentario negativo se convierte en un lastre que empaña la reputación del que lo recibió una y otra vez.

A nivel país, funciona una lógica similar, pero a otra escala, obviamente. En la Argentina la confianza que despiertan las instituciones es muy baja. Años de crisis hacen que restaurar ese factor sea muy trabajoso y "caro", para seguir la línea del ejemplo anterior. Eso significa que el precio que piden empresas e inversores para hundir capital es alto. Del mismo modo, los ahorristas aspiran a recibir una tasa alta para quedarse con pesos en lugar de dólares.

Aquel que perdió depósitos en alguna de las históricas licuaciones inflacionarias (el Rodrigazo) o por las incautaciones que el Estado debió aplicar para evitar un quiebre del sistema bancario (plan Bonex, corralito) es con seguridad uno más de los que prefiere tener una caja de seguridad con su dinero en dólares o directamente, colocarlo en una cuenta en el exterior. Ese colchón es considerado el precio más claro que debe afrontar la Argentina por la falta de confianza de sus habitantes: el Indec lo calculó, en el primer trimestre de este año, en u$s 220.000 millones. Es evidente que si esos recursos fueran volcados al mercado interno cambiarían el rumbo de la economía.

Por eso cuando los gobiernos diseñan estrategias económicas, de alguna manera lo que hacen es poner un valor a sus medidas (con los pesos que resignan vía estímulos fiscales), para ayudar a movilizar fondos, ya sea con inversiones o consumo.

A mayor confianza, menos debe gastar un Estado para lograr que se mueva esta rueda. Como la Argentina está en la situación inversa, lo que se ve en estos días en los que se promociona un plan para volver a crecer, es qué recursos destinan y en función de ellos, qué se busca recuperar. Las idas y vueltas con los bonistas, la expropiación de Vicentin, la estatización de Edesur, no tienen un valor cero en ese combo. Salir del default suma. Pero sería de esperar que esa lista no se agrande, y que tampoco reste.

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