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Los indicadores sociales imponen necesarias medidas para mejorar el escenario

Más de catorce millones de personas bajo el nivel de pobreza (Observatorio Social de la UCA), alrededor del 10% de desempleados plenos y más del 12% de subempleados (INDEC), la canasta familiar básica para la familia tipo requiere $ 12.500 (INDEC) que para las consultoras privadas oscila entre $ 13.000 y $ 16.000. Los indicadores de nivel de actividad siguen todos en baja, como por ejemplo la industria con -4,4% en los primeros ocho meses del 2016. A su vez más del 70% de los asalariados registrados están por debajo de ese monto según la ANSeS. Se mantiene la economía laboral clandestina en el 40% tanto en la actividad privada como en la estatal. En los meses de junio, julio y agosto se batió récord de cierre de pequeños establecimientos comerciales industriales y de servicios.

Si bien la herencia recibida incluye gran parte de responsabilidad centrada en el gobierno anterior, lo cierto es que durante los primeros nueve meses del nuevo gobierno el cuadro social se deterioró aún más. Para los observadores políticos, se profundizó la grieta entre las clases acomodadas cuyo descontento también va en aumento y el sector de menores recursos, mayoritariamente agrupados por los distintas vertientes de la oposición. Como dice el Papa Francisco I, la desigualdad en un flagelo mucho más grave que la pobreza.

En un marco como el precitado, parece ser de absoluta prioridad incentivar lo que espontáneamente no llega, ya que no llovieron las inversiones extranjeras ni las locales, los argentinos no se han lanzado al blanqueo, y todo lo que se suponía que vendría no llegó aún.

Sin perjuicio de las acciones que deban concretarse para acelerar las inversiones en infraestructura, que activan la industria de la construcción y sus empresas y actividades relacionadas, es imprescindible que se ponga atención en las economías regionales, y en especial en aquellas que generen mano de obra intensiva, como son las vinculadas por ejemplo al turismo. Estamos en vísperas de nuestra temporada estival y claramente, se podría construir una campaña abierta de promoción, al estilo de lo que han hecho Italia, España e Inglaterra en distintas crisis.

En materia de recursos humanos y de derecho del trabajo y seguridad social, es fundamental que se adopten medidas de emergencia dentro de la ley, como las siguientes:

1. Premio a quien conserve los niveles de empleo: reducción de cargas sociales, en una escala, para quién mantenga los niveles de empleo y los sostenga a una determinada fecha.

2. Premio a quien ingrese nuevos trabajadores superando un nivel histórico: con incentivos en los aportes y en las contribuciones patronales, y diferimiento del pago de IVA y de anticipos.

3. Rebaja de contribuciones patronales para las empresas de menos de 100 trabajadores: para los que acrediten la reducción de los niveles de actividad, en una escala, en la medida que se preserve el empleo.

4. Régimen de promoción del empleo general: sin distinción de zonas, de tamaño de empresas, y de capacidad de financiamiento, a toda organización que cree empleos genuinos.

5. Régimen de promoción del empleo especial: en aquellas actividades que puedan generar incrementos importantes de la contratación de nuevos trabajadores.

6. Plan especial de reconversión productiva: que permita garantizar el empleo suspendiendo determinados beneficios o prestaciones en forma temporal.

7. Plan especial de lanzamiento de una empresa nueva: batería de beneficios para los emprendedores, en cargas sociales, en beneficios impositivos, en premios al cumplimiento de las obligaciones.

8. Exenciones impositivas: para aquellas actividades nuevas a fin de garantizar su crecimiento y desarrollo, en función de la cantidad de nuevas contrataciones y de su sustentabilidad.

9. El REPRO, y sucedáneos deben aplicarse a crisis de coyuntura, si se presenta un plan de supervivencia sostenible.

Muchas de estas medidas se pueden adoptar por vía reglamentaria, por medio de decretos del Poder Ejecutivo que establezca excepciones, no requieren la intervención del Parlamento, siempre y cuanto se apliquen los principios de equidad fiscal, beneficiando a todos los que reúnan las condiciones y requisitos por igual. La distancia que separa la actualidad de lo que demanda la sociedad es la decisión política de desafiar el futuro. Empleo es dignidad perdida que se recupera, salario es el ingreso razonable del empleo digno, y ambos son la base del crecimiento de las sociedades modernas.