tribuna

Los desafíos post Gils Carbó

Acaba de hacerse efectiva la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la Procuración General. Se abre un proceso difícil de selección de un nuevo procurador. Difícil por la aceleración de tiempos que urgen y porque la salida de la procuradora dejó el amargo sabor de lo sensible que resulta ese espacio institucional hoy vacante. Gils Carbó llegó al cargo en reemplazo de Esteban Righi, quien tuvo que salir luego del escándalo que significó el llamado Boudougate: Righi fue renunciado luego de haber avalado que se investigue al vicepresidente por su participación en el affaire Ciccone. El entonces titular de Sindicatura General de la Nación Daniel Reposo fue propuesto por la ex presidenta Cristina Kirchner como procurador, y un nuevo escándalo por una presunta adulteración de su curriculum, derivó en que el propio gobierno de entonces declinara de su candidatura.

 

Desde que asumió, la labor de Gils Carbó al frente del Ministerio Público en vez de estar fuera de disputas políticas, ha estado inmersa en una serie de polémicas por sus planteos, lo que la ha llevado a tener sobre sí una serie de pedidos de juicios políticos en el Congreso nacional. Lo más grave es que, utilizando herramientas objetadas hasta por la propia Corte Suprema de Justicia, llenó los tribunales federales de fiscales y defensores militantes. Estas designaciones se habrían sustanciado violando elementales disposiciones legales como las que componen el régimen de subrogancias que no contempla como alternativa aun como vía de excepción, la designación directa de abogados ni de funcionarios o auxiliares del Ministerio Público en cargos de magistrados que se encuentren vacantes. Incluso la propia Corte Suprema intercedió en el tema, al declarar ilegal algunos de los nombramientos efectuados por la funcionaria K, tal como fue el caso de la designación como fiscal subrogante de María Alejandra Cordone Roselló, donde el máximo tribunal remarcó el mal desempeño de la procuradora en el caso, sentando un precedente muy fuerte en lo que refiere a la nulidad intrínseca que adquieren las acciones que realizan estos funcionarios irregulares del Ministerio Público Fiscal. Además, se realizaron nombramientos masivos de fiscales en puestos claves de la Justicia Federal, lo que fue duramente cuestionado.

La procuradora general fue acusada de administración fraudulenta porque en la compra del edificio que funciona como sede de su organismo se habría pagado una coima de 8 millones de pesos, en el cual estaría directamente involucrado quien fuera su mano derecha. Otro cimbronazo para Gils Carbó ocurrió cuando el juez Pablo Cayssails declaró inconstitucional el artículo que obligaba al juicio político como mecanismo de remoción de la procuradora. Eso no figura en la Constitución, de hecho la extralimita otorgando un beneficio no previsto para esos cargos. Y esa resolución habilitó el camino para que, mediante un sencillo mecanismo de reforma de la ley del ministerio público, ella pudiera ser destituida.

Tal vez esas desventuras puedan dejar la enseñanza de lo que no debería pasar a un procurador, elementos que deben tener en cuenta en el proceso de selección de su predecesor. El Gobierno tiene por delante un desafío importante: proponer una figura sin fisuras, y sin cuestionamientos, y demostrar que la vocación de cambio tiene su correlato en tener un Ministerio Público verdaderamente independiente y al servicio de todos los argentinos.

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