Miércoles  02 de Enero de 2019

Lopetegui, Iguacel y Aranguren: nuevo año, similar política energética

"¿Quieren mercado?... Ahí tienen mercado", comentaba en off el ex secretario de Energía, Javier Iguacel, días antes de abandonar el cargo. Era una virtual réplica a la protesta de algunas energéticas irritadas ante decisiones oficiales que las ponen en situación de competir, fuera del paraguas estatal. Sonaba a desafío. Pero sólo se era un esfuerzo de coherencia discursiva.

El ahora ex funcionario nacional está convencido, por ejemplo, que las naftas podrían costar menos, más allá de cuestiones coyunturales como la devaluación que encarece el crudo local. Se basa en informes en poder de Defensa de la Competencia, con series históricas en las que las refinadoras aparecen con una renta muy superior a la establecida por los parámetros internacionales.

También tiene en claro que si el Estado licita el gas que compra a través de Cammesa para las usinas térmicas en lugar de comprarlo a un precio (alto) fijado por resolución, ese insumo necesariamente será más barato y la electricidad producida, también. Aunque las productoras refunfuñen porque esto ocurre, en un escenario más competitivo y con nuevos actores como el actual.

Pero aquello de ninguna manera convirtió al hombre nacido en el partido bonaerense de Capitán Sarmiento en un revolucionario anti patronal. Muy por el contrario.

En plena víspera navideña, Iguacel trabajó hasta el cansancio con las empresas productoras de Vaca Muerta para ver de qué modo se sostenía el subsidio comprometido a la producción del gas no convencional, cuando la caja pública no permitía pagarlo.

Llegó a sellar algún acuerdo con sesgo salomónico postulando, por ejemplo, que el Estado pague todo el diferencial de precios que dispone la resolución 46, aunque las empresas produzcan mucho más de lo que estimaron cuando el gobierno les aprobó el plan estímulo. Como contrapartida, un tercio de ese beneficio se cobraría en cuotas a partir de octubre, difiriendo la obligación para otra administración. Gustavo Lopetegui, su sucesor, debe ahora ratificar este atajo o bloquearlo.

Sobran especulaciones acerca de qué significa el reemplazo de un funcionario por otro. Pero siempre es difícil vaticinar qué hará el nuevo y, más aún, saber hasta dónde actuará en función de sus verdaderas convicciones y hasta dónde será una especie de ventrílocuo presidencial.

Lopetegui tiene algún que otro antecedente en el sector que lo podría pintar como un duro que aboga por el imperio del mercado a rajatabla, enemigo de subvenciones e impiadoso con quienes las pierden.

Cuando Cambiemos evaluó qué hacer con Río Turbio, fue uno de los partidarios de cerrar la mina de carbón y plantar la construcción de la usina anexa, que había costado mucho más de lo que vale un emprendimiento. Todavía a costa de desperdiciar los u$s 1600 millones que se habían gastado y condenar al pueblo minero a su extinción. ¿Para qué seguir con algo que era económicamente no sustentable?, razonó.

Pero la realidad y las necesidades políticas moldean las posiciones, a veces en sentido diferente a los principios, como ocurrió en ese caso, en el que se siguió adelante con el proyecto carbonífero a pesar de los pesares.

El Gobierno hoy no tiene margen fiscal para sostener los subsidios. No sólo porque incumpliría las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, sino porque la inelasticidad del gasto público, en gran medida destinado a jubilaciones y salarios, no deja demasiado margen para introducir la tijera.

Claro que son una herramienta poderosa. Orientados a la demanda permiten contener las tarifas y evitar la irritación de potenciales votantes. Destinados a la oferta, apuntalan inversiones privadas que sin ese aliento serían más esquivas y que, subsidiariamente, resultan útiles para limitar las importaciones y frenar el drenaje de dólares.

¿Por qué un gobierno desecharía estas chances en época electoral si no estuviese forzado a hacerlo?

Tanto Juan José Aranguren, Javier Iguacel, como Gustavo Lopetegui, tuvieron o tienen que actuar bajo similares restricciones económicas y un principio teórico práctico común: los consumidores deben pagar lo que cuestan la luz, el gas y la nafta.

Una cuestión es cómo se llega a ese cometido, retirando los fondos estatales de la escena. La otra es cómo se calcula lo que esos bienes energéticos valen, ya que su precio es resultado de decisiones que también toma el Gobierno con más o menos anuencia de las empresas privadas.

Aquí una definición política urticante, que empieza a generar diferencias entre los alfiles de la administración Macri. Después de tres años de gestión hubo importantes recortes en la subvención a servicios energéticos, con la contrapartida de la suba de tarifas.

Pero la devaluación y otras pautas para calcular aquellos precios hicieron que el esfuerzo fiscal sea hoy mayor al de comienzos de la gestión macrista y que queden importantes aumentos tarifarios pendientes a futuro. Al final del ciclo, los recambios de funcionarios y sus gestiones se percibirán como diferencias de matices en la misma carta de colores.

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Revista Infotechnology