Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Límites a la libre ruptura de las tratativas precontractuales

El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) ha incorporado la regulación de las tratativas precontractuales, en virtud de cuya dinámica las partes poseen libertad para promover negociaciones y para abandonarlas en cualquier momento. Este instituto se sustenta no solamente en la "opción" de contratar (o no), sino en la observancia imperativa de la "buena fe", desde su inicio entre "iguales", en conjunción con una serie de "deberes secundarios de conducta", como: la colaboración, la protección de la confianza, la lealtad, inadmisibilidad de una conducta autocontradictoria, y el deber de proveer información relevante. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, resulta esencial puntualizar cuál es el límite que los precontratantes no deberían transgredir para no quedar expuestos a reparar económicamente los daños causados por su ruptura intempestiva y abusiva.
Al respecto, el CCyC ha calificado como ilícita, la frustración injustificada en la confianza o razonable creencia en la conclusión de un contrato, sobre la parte que hubiera obrado sin culpa, originada por un obrar abusivo del derecho de no contratar, o de mala fe, o por la culpa o dolo en que hubiera incurrido su autor, quien deberá responder por el daño causado, y para cuya cuantificación –en su extensión– deberá acreditarse un "nexo adecuado de causalidad" con el hecho productor del perjuicio. La jurisprudencia anterior a la vigencia del CCyC, había calificado como un escenario de "responsabilidad precontractual", a aquel en que el damnificado de la ruptura tenía la carga de acreditar que existió un grado de avance importante en las negociaciones fracasadas, en el que con motivo de una conducta imputable a su autor, se hubiera frustrado su expectativa cierta de celebrar el contrato (CNCOM. Sala F. "Mancinelli, Juan C. c/ Siemens Solutions and Services SA". 11/8/2011).
Tampoco podemos dejar de soslayar el reconocimiento que el nuevo Código unificado ha realizado a la observancia del deber de confidencialidad, basado en no revelar ni usar en forma inapropiada toda aquella información y/o documentación que hubiera sido intercambiada entre los negociantes, desde la etapa preliminar o precontractual, ya sea que dicho compromiso hubiera sido impuesto en forma unilateral o convencional, según el caso.
El alcance de esta última temática ha sido materia de conflictividad, como resultado del dictado de un reciente fallo por nuestro máximo Tribunal de Justicia, que ordenó la divulgación plena del contenido de un contrato. El objeto de tal decisorio no se había concentrado en la observancia de la confidencialidad en sí misma, sino en si la empresa local –por la composición de su estructura de capital social– se encontraba obligada a proporcionar la información requerida al amparo del régimen de acceso a la información pública (Decreto 1172/2003), que le permite a cualquier ciudadano conocer la marcha de los asuntos de interés público.
En conclusión, entendemos que bajo este nuevo régimen normativo, las partes –sean locales o extranjeras– que gobiernen sus negociaciones al amparo de nuestro ordenamiento jurídico, deberán adecuar sus comportamientos a los precitados principios, para así evitar quedar expuestas a cometer conductas jurídicamente resarcibles.

Más notas de tu interés

Comentarios0
No hay comentarios. Se el primero en comentar