Ley de Teletrabajo: una oportunidad ¿perdida? para practicar el diálogo social

La pandemia obligó a millones de personas, aquí y en todo el mundo, a teletrabajar para descomprimir los espacios de trabajo y resguardar a la población. La adaptación se montó sobre las prácticas de muchas empresas que vienen llevando adelante esta modalidad, de común acuerdo y como beneficio para sus equipos, desde hace años.

En hora buena el Congreso ha decidido avanzar con un debate para darle un marco normativo a esta realidad. Pero la urgencia no suele ser una buena consejera, sobre todo cuando se regula en un contexto de excepcionalidad (la pandemia) que no refleja con claridad las situaciones de normalidad, pasadas o futuras.

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados dio comienzo el 27 de mayo al debate de 20 proyectos que tenían estado parlamentario. En una primera instancia no se convocó a las cámaras y entidades empresarias, que tuvimos que pedir ser escuchadas a pesar de ser actores fundamentales de lo que se estaba regulando. El 22 de junio finalmente se nos escuchó, y aunque no hubo coordinación previa todas las cámaras empresarias de todos los tamaños y rubros planteamos inquietudes similares. Tres días después, la Cámara la aprobó, sin tomar prácticamente ninguna de nuestras observaciones. Ahora está en el Senado.

La salida de la crisis mayúscula en la que está el país, que llega a la pandemia con dos años encima de recesión y casi 10 de estancamiento, solo va a ser posible si aceitamos todos los mecanismos de diálogo y acuerdos en pos de objetivos comunes. Ese es el espíritu que surge de la propuesta del gobierno de crear un Consejo Económico y Social. Crear esa lógica de acuerdos es doblemente importante cuando desde ambos lados del mostrador –el empresario y el sindical– existe una voluntad de trabajar y alcanzar consensos, como está quedando demostrado en el traumático proceso de la pandemia para el sector productivo.

En lo concreto, desde la UIA hicimos propuestas de modificaciones que apuntan a perfeccionar la norma para que, sin vulnerar derechos, sea aplicable en la realidad concreta de nuestras plantas y según las características de los puestos de trabajo reales. Nuestros argumentos se pueden agrupar en dos grandes ejes: los temas propios del teletrabajo y aquellos que no lo son. Aquí presento un ejemplo de cada uno.

La norma permite revertir la modalidad de trabajo, de teletrabajo a presencial. Ese derecho queda solamente para el empleado, que puede pedir en cualquier momento dejar de desempeñar sus tareas en forma remota. Este postulado ideal puede ser inverosímil en la vida real, ¿y si acaso no hay a dónde volver a trabajar porque nunca hubo oficina ya que el negocio nació digital y remoto?; ¿o si no hay espacio de oficina disponible porque el empleador no tiene posibilidades económicas de ampliarse?

El otro ejemplo es el tema del cuidado de personas. Regular la cuestión del cuidado desde el teletrabajo es un error, porque no es una problemática exclusiva de la modalidad y deja afuera al 92% de les trabajadores.

En concreto, el proyecto establece que si se tiene personas a cargo (menores de 13 años, discapacitados, mayores), el o la trabajadora puede exigirle a su empleador/a una jornada de trabajo de horarios compatibles con dichas tareas y a interrumpir la jornada. Aunque loable, la idea es impracticable en forma generalizada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una persona a cargo de monitorear a distancia los parámetros de funcionamiento de una máquina y de cuya función dependa la seguridad laboral de otras personas? ¿Puede dejar de monitorear dos horas durante su turno? Se pueden pensar muchos ejemplos similares a este. Nuestro punto es que se puede acordar una jornada que contemple situaciones particulares, pero que debería hacerse de mutuo acuerdo entre las partes.

Soy mujer y empresaria industrial y me defino feminista. Soy consciente que, como alguien me dijo una vez, no se resuelven 6000 años de patriarcado de la noche a la mañana. De la misma manera, no se resuelve la cuestión del cuidado a través de una ley que solo contempla a quienes teletrabajan y le pide al sector privado que haga todo el esfuerzo por sí solo. Se resuelve con políticas integrales: centros de cuidado, escolaridad de doble jornada, incentivos a la contratación de mujeres, con metas concretas que sí pidan un aporte al sector privado, pero no lo dejen solo atendiendo un problema estructural.

La ley sería más constructiva si estableciese estándares marco de derechos y obligaciones para ambas partes en la nueva modalidad, dando márgenes de adaptación según común acuerdo a cada situación concreta. Si no, paradójicamente, la nueva norma puede terminar generando el efecto contrario al que busca: desincentivar la adopción de lo que busca promover.

La dirigencia política, sindical y empresarial brega por la importancia del diálogo social como mecanismo para generar consensos que permitan definir políticas públicas sustentables en el tiempo. Esta norma y muchas otras debieran ser discutidas escuchando al otro, contraargumentando, sustentando lo que se dice con números y estadísticas, entendiendo de manera cabal qué ocurre en la realidad y, sobre todo, dándonos el tiempo para consensuar. No necesitamos esperar a que se constituya un Consejo Económico y Social para ejercer esta práctica. El proyecto de teletrabajo, que ahora entra en una nueva instancia de debate en el Senado, es una oportunidad que no podemos desperdiciar.

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