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Las audiencias informativas, salida política a la judicialización tarifaria

El Gobierno va a explicar en audiencias públicas los aumentos en las tarifas de gas y electricidad que la justicia frenó con medidas cautelares que penden de un pronunciamiento de la Corte. Las audiencias informativas se plantean como respuesta política al impase planteado por la judicialización de un tema técnico que es clave para recuperar el sector energético.

Las tarifas que reciben los consumidores de gas y electricidad, remuneran tres componentes del servicio: la producción (de gas o electricidad), el transporte de los electrones y las moléculas producidas, y la distribución hasta los distintos consumos (industria, usinas, comercios, hogares). La producción de gas y electricidad que surge de mercados que funcionan con razonable competencia tiene precios (mayoristas) que se trasladan a los distintos consumidores sin mayores controles (pass through). Es más, muchos grandes consumidores pueden negociar sus propios precios con los productores.

En cambio, en los segmentos de transporte y distribución, las tarifas que remuneran el servicio son reguladas por la presencia de monopolios naturales (todo transporte por caños o redes está sujeto a una tarifa que permite recuperar los costos de esos caños o redes y obtener una utilidad sobre la base de capital afectada al servicio). Esas tarifas reguladas son las que están sometidas a los procesos de audiencias públicas previstos por los marcos regulatorios de gas y electricidad.

Por razones de eficiencia e interés de los consumidores, esas tarifas reguladas están sujetas al cabo de ciertos años a procesos de revisión estructural donde el organismo regulador (el Enargas, el ENRE y los entes provinciales de electricidad) audita los costos de las empresas concesionarias o licenciatarias del servicio, las inversiones previstas, en función de proyecciones de demanda, y discute la tasa a la que se va a remunerar el capital. Esos procesos están sometidos a audiencias públicas convocadas y conducidas por los entes reguladores, donde los distintos intereses en juego canalizan sus puntos de vistas sobre el tarifario en cuestión.

Son audiencias no vinculantes cuya realización compromete cronogramas y pasos que no se pueden obviar.
La administración que se fue depredó las reservas de gas y el capital físico del parque generador eléctrico sumiendo al país en una crisis energética profunda; pero, al mismo tiempo, destruyó la institucionalidad del sector: la operación de los mercados de gas y electricidad y los mecanismos regulatorios de los servicios de transporte y distribución. Hoy los electrones se generan a fazón con las intermediación de Camessa que le da combustible a los generadores para producirlos y concentra el prorrateo de la electricidad generada entre los distintos usuarios.

La producción local de gas fue sometida a precios administrados que estaban disociados de las referencias que marcaban los precios de importación (de Bolivia y por barco). Las tarifas de gas y electricidad estuvieron congeladas. La prórroga indefinida de la ley de emergencia servía de excusa para ignorar los marcos regulatorios. Los entes fueron capturados e intervenidos políticamente. Hubo intentos de acordar con los segmentos regulados renegociaciones contractuales que quedaron inconclusas.

En este contexto institucional había que ajustar precios y tarifas de gas y electricidad. Los ajustes del precio del gas y de la electricidad no podían tener como referencia mercados transparentes y competitivos porque había que recrearlos; y los ajustes de las tarifas reguladas sólo podían ser a cuenta del ajuste tarifario integral porque estos procesos requieren su tiempo. ¿Pretende el legalismo fariseo de muchos planteos que no haya ajustes tarifarios hasta que se reorganicen los mercados y se lleven adelante los ajustes estructurales en los segmentos regulados?

Lo último tiene fecha, pero lo primero va a llevar una transición más larga ¿Mantenemos entonces los precios y el tarifario con el festival de subsidios indiscriminados que nos llevaron al colapso? Las audiencias propuestas por el Gobierno servirán para aclarar estas y otras cuestiones teñidas por la especulación política cortoplacista y por algunos jueces que ahora quieren hacer política.