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Las apresuradas críticas sobre el caso de Correo Argentino S.A.

LUCIANO SAENZ VALIENTE  Abogado Socio de Estudio Urien Abogados

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Las apresuradas críticas sobre el caso de Correo Argentino S.A.

Mucho se dijo y escribió en estos días sobre la conformidad que el Estado Nacional otorgó a una propuesta de pago efectuada por Correo Argentino S.A. en su concurso preventivo. Y en general el análisis que se hizo de ella parece absolutamente inadecuado.

Los hechos, de acuerdo a lo expresado en los medios, son los siguientes: En el año 2001 el Estado rescindió la concesión que había otorgado a esa sociedad y la desapoderó de ciertos bienes, quien poco después requirió la apertura de su concurso preventivo.

En dicho proceso fue verificado un crédito a favor del Estado Nacional por una suma de, aproximadamente, $ 290 millones. Luego de un muy largo derrotero judicial, el año pasado el Estado Nacional prestó su conformidad con una propuesta presentada por Correo Argentino S.A. para cancelar ese crédito pagando la totalidad del importe verificado en 15 cuotas anuales con más un interés del 7% anual sobre saldos: Serían aproximadamente $ 600 millones en total.

Con poco rigor profesional, y respondiendo a claros intereses políticos, se critica ese acuerdo porque en esa época regía el 1 a 1 y que, por lo tanto, medido en dólares estadounidenses, ese crédito ascendería actualmente a unos $ 4.700 millones. A partir de allí muchos cuestionan la conformidad prestada con la propuesta de pago efectuada por considerarla insuficiente, y hacen todo tipo de acusaciones de connivencia que, cuanto menos, parecen apresuradas.

El crédito verificado no era en dólares estadounidenses, sino en moneda nacional. Es decir que, aunque Correo Argentino S.A. no estuviera en concurso preventivo (y lo está), el Estado Nacional sólo podría válidamente reclamar el pago de su crédito en la moneda de origen con más la tasa activa del Banco de la Nación, que es aquella que aplican los juzgados nacionales en lo Comercial de la Capital Federal sin excepción. Esa suma ronda los $ 1.360 millones.

Y no conozco ningún caso en el cual la presentación de un deudor en concurso preventivo no significara un perjuicio para sus acreedores. El estado de cesación de pagos del deudor es un presupuesto para habilitar ese tipo de procesos, y el objetivo de la ley de concursos es crear el marco adecuado para que el deudor intente obtener la conformidad de sus acreedores con una forma de pago distinta a la originalmente prevista, que inevitablemente implica el otorgamiento de quitas y esperas. Inclusive muchas veces, por falta de acuerdo con sus acreedores y declararse su quiebra, ni siquiera cobran una parte de sus créditos.

Lo importante para poder válidamente ponderar o criticar la conformidad prestada, es conocer el valor del patrimonio de la concursada para saber la cantidad que, en caso de quiebra, se podría cobrar de su producido.

Y ese es un análisis que todavía no oí ni leí que hiciera ninguno de los que la criticaron. Solo hacen cálculos totalmente alejados de la realidad para determinar importes que en ningún caso serían legalmente exigibles, y aprovechan para efectuar acusaciones sin siquiera invocar prueba o elemento objetivo que las justifique.