Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Las acciones de responsabilidad por daños y penal por "ñoquis" e "incompetentes"

Los ñoquis son personas designadas en la administración pública o en organismos o empresas que dependen de ella, que no cumplen con ninguna función o que designados formalmente, no están capacitados ni reúnen condiciones profesionales mínimas para el cargo, y por ende, permanecen impávidos ocupando el lugar inoperativos. Constituyen una forma dolosa de estafa a la sociedad, y en especial, es un agravio directo a los agentes de la administración pública que cumplen dignamente con su tarea y funciones.
De las mismas declaraciones periodísticas de los sindicatos y de los ñoquis que se atrevieron a hacer reclamos públicos, tenemos: 1. hay ñoquis ‘militantes’ que cobran por una función y cargo que no ocupan y se dedican al activismo partidario y en general a la política; 2. los ñoquis dedicados a otras funciones en organismos u organizaciones como ocurrió con agrupaciones sociales o políticas como se supo de los ‘ñoquis de la educación’que nunca trabajaron en la tarea y designación’; 3. y ñoquis ‘presta nombre’ que cobran y entregan todo, parte o gran parte de su ingreso a quien los designó beneficiándose con los aportes jubilatorios y con una porción menor del salario de lo que reciben en su respectiva cuenta de ahorro bancaria de remuneraciones. Son todos casos delictivos e implican malversación de fondos públicos.
La Constitución Nacional dispone en su artículo 16 que "la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza". "Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas". La ley de la Administración Pública Nacional en su art. 23 establece con claridad los deberes de los agentes, en especial lo relativo al cumplimiento de su tarea y funciones, prestar el servicio personalmente, encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y rendimiento laboral, observar las normas legales y reglamentarias y conducirse con colaboración, respeto y cortesía en sus relaciones con el público y con el resto del personal, responder por la eficacia, rendimiento de la gestión y del personal del área a su cargo, hacer cumplir el sistema jurídico vigente, llevar a conocimiento de la superioridad todo acto, omisión o procedimiento que causare o pudiere causar perjuicio al Estado, configurar delito, o resultar una aplicación ineficiente de los recursos públicos.
Funcionarios públicos y de las diversas áreas con atribuciones para hacer designaciones y nombramientos son responsables por aceptar una designación sin cumplir con su actividad, como lo es quien los designó incumpliendo con su deber, como lo es también el que se recibe dinero de ñoquis al que designó.
En general, el Código Penal prevé una serie de hipótesis en el llamado Capítulo IV sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos desde el 248 y hasta el artículo 253 ter.
Los ñoquis pueden generar consecuencias penales en el Código específico y de responsabilidad patrimonial para quien los designó, por efecto de las normas administrativas para quien los registra en su dotación y sabe y está registrado que los ñoquis no concurren, para los que tuvieron razonable conocimiento de su existencia y no efectuaron las denuncias, para los que se valieron de los ñoquis para una función que no era la propia, para los que consintieron que funcionarios públicos se convirtieran en ñoquis.
A título de ejemplo, el art. 265 puntualiza que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo". Capítulo IX Exacciones ilegales el art. 266 dispone que: "Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden".
En cambio el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece que el régimen de responsabilidad por el cual responde todo ciudadano, no será aplicable a los que cumplen funciones en la administración pública. En efecto, el art. 1765 CCCN dispone respecto de la ‘Responsabilidad del Estado’ que se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. La norma clara y abiertamente inconstitucional violatoria entre otras del art. 16 de la Constitución Nacional, crea un manto de protección selectiva a quienes son juzgados por violación o incumplimiento de sus deberes fundamentales.
La detección y expulsión de los ñoquis es un deber fundamental de los actuales funcionarios públicos, pero mayor es aún el deber de denunciar y someter a juicio a quienes en forma dolosa hicieron las designaciones.

Más notas de tu interés

Comentarios0
No hay comentarios. Se el primero en comentar