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La peculiar reinserción de la Argentina en el mundo

JORGE RIABOI Diplomático y periodista

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Si bien reinsertar al país en el mundo es algo más que un acto de política exterior y salud mental, todavía no resulta fácil conocer en detalle los criterios, la agenda y los reflejos que dan forma a las negociaciones que parece atesorar el gobierno del presidente Mauricio Macri, hoy sumergido en una confusión de roles y competencias organizativas.

Esa distracción no permite ver la falta de equipos para medir las ambiciones y la cadena de nexos indirectos de quienes vislumbramos como socios potenciales. Estos últimos acumulan muchos kilómetros en toda clase de acuerdos de comercio e inversión como los que tienen en cartera los miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia y México), cuyos gobiernos primero suscribieron amplios tratados bilaterales con Estados Unidos (y otros importantes mercados) y tres de ellos se incorporaron a los doce Miembros originales de la ya aprobada, pero aún no ratificada, Asociación Transpacífica de Comercio e Inversión (TPP en su sigla inglesa), donde todos aceptaron el boceto esencial de las reglas y concesiones de ‘nueva generación’ que Washington puso sobre la mesa.

Tampoco es seguro que nuestros representantes detecten en forma precisa cómo arma su demanda o caja de divisas la Unión Europea, con quien será difícil alcanzar un acceso decente para nuestros productos agrícolas. La prolongada etapa de aislamiento nos dejó una versión borrosa de lo que suele ser vox populi entre los negociadores informados del resto del planeta.

Pero el nudo del problema es la falta de coherencia entre la búsqueda de nuevos mercados externos y las políticas domésticas necesarias para crear o recuperar la competitividad de nuestra oferta nacional de bienes y servicios, cuando asoman en el horizonte una nueva apertura económica y el hasta ayer extravagante anhelo de exportar.

Aunque es cierto que la competitividad no depende exclusivamente del valor de la moneda, el destino actual de las empresas está ligado a ese valor. Mientras el Banco Central tiene dudas existenciales acerca de cómo corregir la inexplicable adicción a un estúpido atraso cambiario, y especula con modelos conceptuales de países como Australia; o no sea posible encuadrar la política fiscal, laboral y de infraestructura, ni los regímenes aplicables a los grandes aportantes de divisas como la minería, las empresas terrestres no tienen más remedio que seguir operando, y dar trabajo, con un tipo de cambio y una política comercial que, por lo menos, no equivalga a un feroz subsidio a las importaciones, permita exportar los rubros tradicionales y acceder a otros nichos más sofisticados. Naturalmente, esa condición no alcanza para lidiar con las graves distorsiones del comercio asiático.

Hasta ahora el gobierno nacional eligió involucrarse en tres proyectos. Ser país observador de la mencionada Alianza del Pacífico; finalizar el Acuerdo birregional entre un Mercosur disgregado y una desconcertante Unión Europea y entrar, por la vía de un ‘trámite abreviado’ (los argentinos odiamos esperar) a la OECD, entusiasmo que podría morigerarse cuando el gabinete tome detallado conocimiento de la hoja de ruta y el nivel de respuesta que habitualmente exige esa Organización.

El valor actual de los nuevos acuerdos comerciales ya no radica en aventajar a otras naciones competidoras, sino en no quedar rezagados ante los países que pueden acceder al mismo mercado con preferencias arancelarias no extensibles a la Argentina o al Mercosur, así como para acotar las barreras reglamentarias que en estos días definen al vasto ingenio proteccionista. Esto último requiere abrir, entender y negociar el paquete de reglas, una tarea ciclópea que obliga a contar con planteles multidisciplinarios de altísima calidad, apropiada conducción y buena coordinación interministerial.

La membresía en la OECD es muy útil cuando se entiende bien el costo de lo que se recibe, tema que comienza a ser claro tras la primera evaluación país (‘country review’) al percibir cómo funciona la presión ambiental destinada a convencer al país aspirante de que califica para asumir obligaciones de economía desarrollada y le conviene hacer caridad con sus derechos contractuales en foros como la OMC.

La institución suele alumbrar las más brillantes ideas y propuestas sobre gobernabilidad que existen en el planeta y produce un enorme y valioso paquete de estadísticas y pronósticos de todo tipo, con el rasgo de que muchos de sus actuales miembros jamás se molestan en incorporar rubros centrales de tal patrimonio a sus respectivas legislaciones. Aunque para conseguir la documentación informativa sólo es necesario suscribirse, lo que realmente vale la pena es participar en los debates internos sobre gobernabilidad.

El nuevo Canciller del Brasil, doctor José Serra, ayuda a metabolizar estas observaciones. Dijo: "Es ilusorio suponer que los acuerdos de libre comercio significan necesariamente la ampliación automática y sostenible de las exportaciones. Sólo hay un factor que garantiza tal aumento en forma duradera: el creciente y constante aumento de la productividad y la competitividad. Si alguien supone que basta hacer el acuerdo y que ello es una condición necesaria y suficiente, se está engañando".