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La lucha contra la pobreza y la indigencia de la mano con la lucha contra el trabajo clandestino

Imagen de JULIÁN A. DE DIEGO

JULIÁN A. DE DIEGO Profesor Derecho del Trabajo y Director de Posgrado U.C.A.

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En la sala de espera de un Ministerio de la Nación aguardaba para una audiencia junto a tres empresarios. Se aproximó un carrito conducido por un joven que nos ofreció café, té y medialunas. Una vez que aceptamos el café le pregunté quién era su empleador, y me comentó que era el dueño de un bar que funcionaba en otro piso de la repartición. Lo dramático fue cuando le preguntamos cuánto ganaba. Nos dio un monto inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil, le preguntamos por el horario, y trabajaba como mínimo diez horas por día. Finalmente nos confesó que estaba en negro desde hacía seis meses, y que el patrón les había prometido blanquearlos varias veces.

En otros términos, la incapacidad de las autoridades es tan grande, que no pueden controlar siquiera si los prestadores que están cerca de cada repartición cumplen con las reglas mínimas.

Dentro de muchas áreas del Estado nacional, provincial y municipal tenemos contrataciones irregulares, trabajo en gris (parte en blanco y parte en negro), se liquidan salarios no remuneratorios que son remuneratorios, se abonan gastos de representación que no son tales, se contrata monotributistas como empleados públicos, como inspectores de los organismos recaudadores, y se contratan terceros sin controlar la forma de contratación de sus dependientes.

El Estado quiere controlar la economía clandestina y no puede colocar ‘en blanco’ sus empleados y sus trabajadores o agentes.

El trabajo ‘en negro’ o no registrado representa casi el 40% del empleo donde se localiza después del desempleo con la mayor población por debajo de la línea de pobreza. En el empleo clandestino no hay reglas, no hay normas, no hay formalidades, y el salario se rige por la voluntad libre de pequeños empleadores, que hace uso y abuso de la necesidad ajena.

La lucha contra la economía clandestina lleva muchos años de fracasos. Si observamos los índices que reflejan los niveles más altos de trabajo en negro, podremos observar que está relacionado con el incremento de la desocupación, del subempleo y con el aumento de los niveles de pobreza e indigencia.

En cualquier caso, lo que resulta claro es que las políticas llevadas adelante por los gobiernos en la nueva etapa democrática se caracterizaron por aumentar la presión fiscal y los impuestos a los que operan dentro de la economía regular. Es la famosa casería ‘en el zoológico’ donde los animales, en este caso los contribuyentes y los empleadores, están restringidos a una celda o jaula de la que no pueden salir. Ninguno de los gobiernos desde 1983 (Raúl Alfonsín) hasta la fecha han sido eficientes para luchar contra el trabajo en negro, sobre todo en las pequeñas empresas, en los pequeños emprendimientos.

La batería de medidas que deben implementarse, son las siguientes: 1. se debe bancarizar toda la economía, con sanciones de cumplimiento efectivo al que opera fuera de las reglas; 2. se debe hacer un plan seguramente de mediano plazo de regularización del empleo clandestino o irregular en la administración pública nacional, provincial y municipal, y en todos sus organismos; 3. se debe castigar con la inaccesibilidad al crédito de todo tipo, a quién no opera en la economía regular y no acredita el registro de empleados y el pago las cargas sociales y fiscales; 4. se debe crear el cheque laboral por medio del cual toda empresa de cualquier tamaño que opere en el mercado solo pueda pagar los salarios a través de él, bajo apercibimiento de considerar cualquier pago como nulo, con el cual se liquida el salario bruto, el neto, las cargas sociales y fiscales, y se giran automáticamente cada rubro a su destino; 4. se debe llamar en forma previa a una moratoria general de regularización, con un censo también previo de trabajo no registrado, al cabo del cual se deberá demandar el cumplimiento de todas las obligaciones bajo apercibimiento de clausura y otras sanciones; 5. se debe crear el fuero penal económico de trámite sumarísimo, para los evasores.

Si se está diseñando un plan para lograr la ‘pobreza cero’ no habrá que descuidar una de sus causas esenciales: el trabajo no registrado o ‘en negro’.

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