Martes  26 de Junio de 2018

La ineficacia del paro para lograr cambios de rumbo en la política económica

La ineficacia del paro para lograr cambios de rumbo en la política económica
JULIÁN DE DIEGO
JULIÁN DE DIEGO Profesor de Derecho del Trabajo y Director del Posgrado UCA
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El paro general del 25 podrá generar especulaciones sobre la lectura de su nivel de adhesión, y sobre cuantos adhirieron y cuantos no pudieron ejercer su derecho constitucional de ir a trabajar. Pero de lo que no existe ninguna duda es que una movida de gran magnitud como ésta carece de eficacia, y no genera alteración alguna de la realidad.

El derecho de huelga, considerado como la patología del derecho colectivo del trabajo (Otto Khan Freund 1900-1979, Universidad de Oxford) como lo es la quiebra en el derecho comercial, o el divorcio en el derecho civil, es un derecho constitucional, el único que legitima un daño en perjuicio del empleador consistente en la abstención de trabajar y de producir bienes o servicios. Es por ello que cualquier medida como lo es un paro general no se asimila al derecho de huelga que garantiza a los sindicatos el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

En cualquier caso, la huelga tiene cuatro condiciones para ser lícita, que son que la debe promover el sindicato que representa a los trabajadores afectados por un agravio o reclamo colectivo, que el objeto afecte a toda la categoría o clase que adhiere a la medida, debe cumplirse con la simple abstención del deber de trabajar dejando a los adherentes en libertad de acción para trabajar o no y respetando el derecho de trabajar de los no alcanzados, y por último, deben respetarse los procedimientos de autocomposición mediación o conciliación voluntario o colectivo, o de arbitraje. En un paro general no se dan ninguna de las cuatro condiciones, porque sencillamente el paro general no es ni puede ser el ejercicio constitucional del derecho de huelga, porque no reúne las condiciones mínimas que viabilizan su legalidad.

Deberíamos dejar a salvo una parte de la responsabilidad asumida por la CGT en el contexto de una medida de fuerza que ya dijimos que es ilegal, ya que han aclarado que la medida consiste en no trabajar, y no tiene ninguna acción adicional, incluyendo el haber renunciado a un acto central que generalmente forma parte de este tipo de medios de presión. Rechazaron algunas acciones de sindicatos afiliados a la entidad que prometieron generar bloqueos y cortes para impedir el acceso o la libertad de trasladarse y de trabajar de los que no participen de la medida.

El paro es sin duda un uso abusivo y ampliado ilegítimamente del derecho de huelga, ya que en esencia es una medida de fuerza de solidaridad, totalmente ilegal, en donde participan voluntariamente quienes no tienen ninguna causa que la justifique, y participan involuntariamente quienes desean concurrir voluntariamente a trabajador por la carencia de transportes y por lo bloqueos, que en todos los casos son delitos penales, producen daños y perjuicios, y deberían tener sanciones dentro del derecho laboral colectivo.

En rigor, como medida de fuerza el paro general es destructivo desde cualquier ángulo de análisis. El hecho de que la medida la haya dispuesto la CGT agrava su ilegalidad, cuando se sabe que el objetivo es paralizar los transportes en todos los terrenos, para impedir que quienes deseen trabajar puedan optar libremente.

El objeto del paro general ilegal, para algunos de los participantes, está relacionado con las necesidades de la población bajo la línea de pobreza, los indigentes, y en general los excluidos, para quienes todavía no se han tendido los puentes que debe instalar el Estado para aproximar con educación, con entrenamiento, y con herramientas eficaces, el nexo que los sustraiga del abismo y los coloque en un lugar donde puedan crecer y desarrollarse.

Con prescindencia de la legitimidad del paro, resulta claro que los más necesitados deben ser prioridad y una cuestión de estado para el Gobierno nacional, en donde no sólo existe el asistencialismo, sino que se impone la necesidad urgente del crecimiento sostenido y sustentable, que genere un derrame amplio y equitativo.

A su vez, los gremios que adhieren toman medidas suplementarias en cada lugar de trabajo, y recurren al llamado "aparato" para asegurarse el éxito por vías compulsivas, forman parte de una batería de actos ilegales, de delitos, y de daños y perjuicios que deberían ser reparados.

A esta verdad silenciosa le debemos adicionar las declaraciones de los llamados grupos de izquierda, como es el caso de la CTA, de ATE, de la mayoría de los sindicatos de la Educación, del grupo social "los cayetanos", "Barrios de Pie", la CCC, el MST, el nuevo MAS, el Partido Obrero y el Partido Comunista, curiosamente en la misma postura que sostienen Pablo y Hugo Moyano desde camioneros, de cortar calles, avenidas, puentes, y sobre todo, accesos a la Capital Federal, para completar los actos ilegales. También hubo una concentración informal no autorizada, en la Plaza de la República, en donde se promete hacer un bloqueo histórico de tráfico. Inconcebible pero cierto, otro paro general inútil ineficiente e innecesario.

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