La independencia de la Justicia debe ser una política de Estado

La definición de políticas de Estado, es decir de cuestiones básicas que no pueden estar sujetas a los vaivenes de los colores políticos del momento, es una deuda que tiene nuestra joven democracia. La salud y educación públicas y la independencia del poder judicial deberían estar anotados entre los primeros de esa acotada lista, para tranquilidad de la sociedad, son las cosas que no se tocan.

Han habido varios momentos en estos más de 35 años de democracia en que el poder político, al abrigo de ambiciones desmedidas de poder o por necesidad de impunidad, condicionó o intentó someter a la justicia.

Para que estas cosas no sucedan, el próximo martes 6 de agosto a las 15 horas en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, se firmará un Acta de Compromiso con la Independencia del Poder Judicial. Este hecho simbólico resulta de vital trascendencia tras los diferentes intentos de manipulación que la justicia padeció por parte de diferentes gobiernos, desde la recuperación de la democracia en la argentina en 1983.   

Al evento asistirán, abogados porteños, dirigentes del Colegio Público, magistrados, funcionarios y trabajadores del poder judicial, entre otros.

Desde la comunidad jurídica vamos a visibilizar nuestro compromiso con la justicia, porque ella es la última garantía del ciudadano común frente a un derecho vulnerado. Sin justicia quedamos indefensos frente al poder de turno, la arbitrariedad y la violencia.

El acta define puntos irrenunciables y un compromiso público, entre ellos:

•  1) Impulsar, en el marco de la Declaración de Emergencia Judicial, un Plan Plurianual: Adecuación y Construcción de infraestructura edilicia para la función judicial en todo el país;

Renovación de sistema de gestión Informática; Planificación de la creación de nuevos Tribunales donde las necesidades así lo establezcan; Actualización de las Plantas de Personal conforme al crecimiento exponencial del volumen de trabajo; Fortalecimiento de los Cuerpos auxiliares y periciales para garantizar un funcionamiento óptimo de la Justicia tanto en el combate al crimen organizado como en las tareas de control de ejecución penal y en el tratamiento de cuestiones de familia y niñez.

• 2) Incrementar la alícuota de la ley de Autarquía para hacer frente a mayores erogaciones de la emergencia Judicial.

• 3) Rechazar cualquier tipo de modificación en el número de miembros de la Corte Suprema.

• 4) Creación de la Policía Judicial como auxiliar técnico científico de las investigaciones judiciales y de la seguridad del funcionamiento de toda la Justicia.