ENFOQUE

La importancia de la extinción de dominio

Argentina necesita con urgencia un régimen de extinción de dominio. No solo para perseguir a políticos inescrupulosos que construyen millonarias fortunas a costa del Estado, sino para generar incentivos en la ciudadanía que desea que, además de que se impongan fuertes sanciones, se recupere lo robado. Combatir la impunidad es un compromiso ético que debe recoger el sistema jurídico para lograr una debida protección de los principios de igualdad y trabajo.

A raíz del dictado del decreto 62/19 sobre la materia, se reactivó el debate acerca de la importancia de contar con un régimen de extinción de dominio. Sin recaer en las críticas que ha despertado la vía legal escogida para su implementación (DNU), pareciera existir consenso sobre la esencialidad que tiene dicha herramienta en la prevención de ciertos delitos de alta gravedad y en la desarticulación de organizaciones criminales.

La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir judicialmente los bienes de origen ilícito con la finalidad de declarar la pérdida del derecho de propiedad de tales bienes, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado.

Lejos de ser un concepto innovador, se trata de una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado que existe hace varios años y con experiencias positivas en países como Canadá, Colombia, España, EE.UU., Italia, México, Perú, Reino Unido y países de la UE. Su adecuada implementación ha sido recomendada por organismos como la OCDE, la OEA, la ONU, y el GAFI.

Un país que carece de regulaciones modernas destinadas a combatir a las organizaciones criminales es permeable a la corrupción, al narcotráfico, a la trata de personas, al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo, y a tantos otros males. El delincuente, como ser económicamente racional, siempre preferirá territorios en los cuales su probabilidad de detección y sanción sea menor, y en donde sus fortunas queden mejor resguardadas. Debemos desarticular la posibilidad de que un criminal elija conscientemente soportar una condena por corrupción algo de por sí poco habitual en nuestro país a sabiendas de que igual gozará de los bienes adquiridos mediante su actividad delictiva.

Deseamos que el citado decreto sea el punto de partida para acelerar la implementación de este instituto, confiando, a su vez, en que la anunciada intervención del Poder Legislativo contribuirá a resolver los principales interrogantes que surgen en torno al mismo -inconstitucionalidad asociada a la presunción de inocencia, naturaleza penal o civil del régimen, y su posible retroactividad e imprescriptibilidad- y a evitar posibles errores técnicos que terminen paralizando el correcto funcionamiento de esta herramienta.

Resulta así inminente dotar al Poder Judicial de un régimen sólido, ágil y efectivo para recuperar los bienes producto de la corrupción y del crimen organizado, para destinarlos a fines sociales que beneficien a la población a través de más escuelas, hospitales, rutas y mayor seguridad.

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