La impaciencia oficial por resultados puede derivar en decretismo excesivo

La discusión que se está dando en todo el mundo sobre qué puede hacer el Estado para enfrentar una crisis económica de magnitudes desconocidas tiene que empezar por identificar la base del problema. No se trata solo de generar gasto público para inyectar dinero en la economía, como dice el manual keynesiano, porque la pandemia del coronavirus no solo impide a la población salir a consumir, sino que impide a las empresas producir y entregar sus bienes a los compradores. El punto esta vez está más cerca del eslogan de campaña de Roberto Lavagna que luego adoptó Alberto Fernández: "poner plata en el bolsillo de la gente".

El Gobierno se apresuró a actuar cuando prometió un plan de obras públicas de $ 100.000 millones y la reactivación del plan Procrear, como primera respuesta al parate que introdujo la cuarentena blanda. Aunque este rubro se incluyó indirectamente entre los exceptuados, el aislamiento obligatorio que vino apenas días más tarde transformó esta propuesta en letra muerta: los obreros no pueden ir a las fábricas para producir insumos para la construcción, por mencionar solo el eslabón más evidente. De ese primer diagnóstico a la fase actual, lo que se vio una apresurada catarata de decisiones que todavía no parece responder a una estrategia integral.

La Jefatura de Gabinete está concentrando un debate en el que prima más el hacer que el cómo hacer. El esquema de préstamos a pymes para financiar el pago de una nómina salarial, una asistencia directa necesaria, chocó con un factor evidente: las pymes en su mayoría no son sujeto de crédito, y los bancos no tienen forma de distribuir esos fondos entre los no bancarizados. Por eso atrás tuvo que salir otro decreto para crear un sistema de garantía estatal que facilite avales a las firmas más chicas. Y atrás llegó la idea de crear un aporte del Estado para complementar el pago de sueldos. Y el DNU para frenar despidos. Y un nuevo esquema de seguro de desempleo. Como antes estuvo la creación del ingreso familiar de $ 10.000, entre otras iniciativas.

El mensaje que está recibiendo la Casa Rosada se sintetiza de la siguiente manera: ayuda para desactivar al conurbano. Lo demuestra el pedido de algunos intendentes de activar alguna moneda virtual (en la intimidad todos la llaman por su nombre de guerra, los recordados patacones). Pero el Ejecutivo no quiere ir a terrenos visitados en 2001, de los que no sabe si luego podrá volver. Todos apuntan al BCRA, al que no le molesta el intervencionismo en el sistema bancario pero siempre que haya un límite. 

Las medidas prometen seguir, porque hasta el Gobierno ahora no percibe la respuesta deseada en los tiempos deseados. La intensidad y la dirección de lo que puede venir no está clara. Hoy el filtro final es Alberto Fernández.

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