Jueves  02 de Julio de 2020

La historia se repite: es poca cosa $ 90.000 millones

La historia se repite: es poca cosa $ 90.000 millones

"El mismo sol, la misma lluvia, el mismo loco afán…". Como el tango de Enrique Cadícamo, las demandas recurrentes a un Estado que de a ratos se repudia son una constante en la historia económica local. Ni hablar en esta extraña coyuntura pandémica, en la que las arcas públicas ya aportaron hasta hoy $ 87.839 millones sólo para ayudar al pago de sueldos privados.

Difícilmente se levante alguna voz cuestionando el apoyo del Tesoro para paliar los problemas económicos que genera la cuarentena y que, en el caso del refuerzo para pagar los salarios privados, equivale a lo que se desembolsó por el IFE para los más necesitados hasta fin de mayo.

Claramente ese esfuerzo resultará insuficiente en la medida que la recesión pavorosa se profundice. Al tiempo que realizarlo parece una proeza cuando el déficit primario promedia el 6% del Producto Bruto Interno, el mayor en los últimos cuarenta años. Pero en este contexto crítico, y para aquellos fines, la presencia estatal es obligada y bienvenida. Aun para sus detractores más fundamentalistas.

La situación resulta menos nítida en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando el Estado interviene en la actividad privada con el fin de apuntalarla y con argumentos que hacen trastabillar a quien cuestione esa decisión: esa ayuda apuntala el empleo y el consumo. El complejo escenario de la actividad energética ofrece algunos ejemplos de esos retratos difusos de la intervención estatal.

El actual interventor del Enargas, Federico Bernal, denunció penalmente al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por la supuesta violación de los artículos 248 y 265 del Código Penal al propiciar un sendero de precios para el gas boca de pozo. Esto significó tutelar políticamente un acuerdo entre productores, que venden, y distribuidoras, que compran para que sus transacciones se hagan a cierto valor previsto en dólares.

Desafiante cometido tendría la Justicia para comprobar que el otrora funcionario faltó a sus deberes actuando a favor de un tercero, en parte, porque ese padrinazgo público no debe haber generado ninguna orden escrita. Pero en la lógica del actual regulador, lo que habría hecho la administración anterior es propiciar que los usuarios paguen un precio que no surgió "libremente" de la oferta y demanda como indica el marco regulatorio del gas.

Casi un purista. Habría que preguntarse si en este rubro algún precio es realmente producto del encuentro libre de la oferta y demanda o más bien acuerdo de partes siempre condicionados por la intervención pública, para ayudar a la producción o para proteger a los consumidores. O para ambas.

Mucho antes de que el ex hombre de Shell soñara con ser funcionario el precio de las naftas ya venía surgiendo de pactos de caballeros entre los distintos eslabones de la industria, apañados por el gobierno de turno. Hay una forma generalmente indirecta de "fijar" un precio del petróleo (liberando exportación, importación, o con retenciones, por ejemplo); determinando tributos sobre los combustibles y regulando el margen de la refinación. Los precios son libres en las normas; no en los hechos.

La misma lógica estricta habría que aplicar para evaluar los regímenes de subsidios a la producción, que le garantizan a la petrolera precios que no podrían conseguir en el mercado, al menos inmediatamente. Y este camino fue elegido por los tres últimos gobiernos. Hasta dónde debe llegar el tutelaje público es un punto controvertido, que propicia confusiones.

Muchos ven las reestatizaciones de Aerolíneas Argentinas o el Correo como embestidas del gobierno de Cristina Kirchner contra sus accionistas. Pierden de vista que éstos estaban desesperados por huir de lo que consideraban un mal negocio y dejaron sobre el erario millonarias deudas que pagaron todos los contribuyentes. Incluso los que hoy cobran el IFE.

El concepto de seguridad jurídica también suele enturbiar los razonamientos. El sentido común dice que las reglas estables ayudan a programar cualquier negocio y su cambio abrupto lo perturba. Sin embargo, las mismas empresas que suelen demandar esta condición para invertir, aceptan con gusto alteraciones de normas que fortalezcan su retorno. Está lleno de ejemplos de renegociaciones que benefician a los inversores y jamás se denunciarían como prueba de inestabilidad legal.

Las ideas también suelen opacarse frente a una obviedad tan contundente como que alguien siempre paga por las cosas, incluso cuando se apela a esa a esa supuesta ajenidad amorfa del Estado, que en rigor son todos los contribuyentes. Si se subsidian las tarifas públicas todos pagan de un modo indirecto el consumo de todos.

Y cuando la caja pública está demasiado estresada y la de las prestadoras privadas también, el gobierno volverá discretamente al punto de partida para que sean los usuarios quienes afronten el problema. Por eso mismo es que en los despachos públicos volvió a circular la idea de aplicar un cargo sobre facturas de gas para costear la ampliación de las redes. Por ejemplo.

Los cargos fijos también son polémicos. Alguien podría decir que se trata de un impuesto que debe ser ordenado por el Congreso y abortar la movida en ese sentido abriendo la incógnita de dónde sacar el dinero para obras.

¿Del Estado?... En una economía no centralizada quizás es pedir demasiado. Pero volviendo a "Por la vuelta", de Cadícamo, "afuera es noche y llueve tanto".

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