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La ética informativa le ganó a los temores sobre el incierto futuro que tiene el gobierno de Brasil

Hace dieciséis años, las revelaciones sobre operaciones fraudulentas de un gigante estadounidense del sector energético convulsionaron al mundo corporativo. A fines de 2001, mientras la Argentina trataba sin éxito de salvar su modelo de tipo de cambio fijo y convertible, el caso Enron se transformó en una mecha que prendió fuego a los mercados globales y forzó a cambiar todos los manuales de ética y auditoría. La política también reaccionó, pero la autocrítica tuvo otro sentido: para poner a salvo los mecanismos ilegales de financiamiento, perfeccionó los métodos. Cuentas en paraísos fiscales y giros ocultos al exterior fueron el complemento elegido para maquillar contratos gigantescos en los que el Estado (sin importar el país, ya que hablamos de una práctica reiterada en la que solo cambia la escala) daba fondos a contratistas a cambio de retornos millonarios.

La aplicación de normas que penalizaran a las empresas que cometían este tipo de delitos solo actuó como antivirus en el mundo desarrollado, pero hasta cierto punto: los Panamá Papers demostraron que los circuitos ilegales nunca mueren. La corrupción no cesó. Lo que apareció como un factor nuevo es que la difusión de hechos de magnitud a través de los medios, empezó a generar una demanda en la sociedad (y también en determinadas instituciones) de que se aplique algún tipo de sanción. Si es posible, penal. Y si no, por lo menos política o social.

Si hay algo que quedó en evidencia, es que el iceberg se dio vuelta. Antes estos episodios eran salpicaduras en la gestión. Ahora tiñen a todo el sistema, al punto de que anulan cualquier otro tipo de política positiva desarrollada en paralelo.

En la Argentina la corrupción reciente quedó más atada a situaciones de abuso de poder, en las que un sector político mayoritario fijó las reglas, desactivó los controles y dispuso la distribución del dinero negro. En Brasil, en cambio, nadie quedó afuera. El Lava Jato mostró que los pagos de los contratos públicos se repartían entre todos los actores, sin importar ni su ideología ni su posición en la escala gubernamental, gracias a una investigación judicial que no dejó títere con cabeza. La última revelación, difundida anoche por el diario O Globo, dejó al presidente Temer pendiendo de un hilo, ya que lo mostraba directamente involucrado en una maniobra delictiva. De la mano del periodismo de investigación, la transparencia le ganó a la incertidumbre sobre qué pasará con el gobierno brasileño. La impunidad está cercada.

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