PUNTO DE VISTA

La desaceleración de la inflación requiere resolver la reforma fiscal y el tarifazo

En junio de 2016 el IPC del INDEC marcó un 3,1% de inflación después del 4,2% de mayo, y más del 7% en el mes de abril, reafirmando en forma clara una tendencia decreciente muy alentadora. Si la tendencia se confirma, en breve estaremos en torno del 1% al 1,5% de inflación mensual, descenderíamos de más del 40% en el 2016 a menos del 20% en el 2017, y probablemente a menos del 12% en el año 2018.

Para fortalecer este proceso está pendiente la reforma impositiva, para transformar la presión fiscal sobre los que cumplen (la cacería dentro del zoológico), con un régimen basado en el principio de equidad fiscal (art. 16 y cc. CN), derogando en forma gradual todos los impuestos regresivos como el que afecta las operaciones bancarias (Impuesto al cheque), y extendiendo los controles al 40% de la economía que opera en la clandestinidad (la cacería en la selva).

Para vencer a la inflación habrá que ser consistente y coherente, y para ello, es menester que los dos tarifazos inflacionarios, el originado en la salida del cepo y la devaluación, y la otra, generado por los ajustes de las tarifas públicas de luz, gas, agua y transporte. En los dos casos, se imponen cambios y reflexiones previas. Una nueva devaluación y nuevos ajustes en las tarifas ya ajustadas serían graves errores políticos, aún cuando todos sabemos que ambos tienen plena justificación, para seguir el ritmo de una economía que se encuentra en vísperas de un relanzamiento. Una nueva devaluación por vía de shock sería políticamente inadmisible porque va a estar asociada a una nueva ola de ajustes de precios, sobre todo, de los productos de primera necesidad.

En lo que hace al tarifazo de luz, gas, agua y transporte, se impone un cambio radical de estrategia. Primero deberá brindarse asistencia a quienes no pueden pagar, luego, habrá que ventilar públicamente los cambios que deberán operarse para asegurar los derechos de los consumidores, y por último, habrá que aplicar las nuevas tarifas a todos aquellos que posean capacidad de pago. Debemos recordar, que el art. 42 de la Constitución Nacional manda: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno". "Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios". "La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control". Una vez más, nuestra Carta Magna es elocuente por sí misma, y el Poder Ejecutivo, y el Ministerio de Energía deberán someterse a su mandato.

Para que los ingresos resulten equitativos, respeten los principios generales del derecho laboral, y se ajusten a las variables de la productividad, la competitividad, en un contexto razonable, es imprescindible vencer a la inflación, y hacer las reformas estructurales que imponen las circunstancias, bajo el imperio de la Constitución Nacional, y en un contexto de trasparencia y equidad.

Todo lo que sea necesario para regresar al mundo será seguramente bien recibido por todos, en la medida que el esfuerzo de los distintos sectores se distribuya en forma proporcional a su capacidad contributiva, y el crecimiento económico ofrezca multiplicidad y diversidad de oportunidades de trabajo.

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