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La corrupción y el tiempo de la política

La ley del arrepentido, una promesa de campaña presentada por el presidente y la Oficina Anticorrupción hasta hace poco como un arma importante para eliminar la corrupción en el Estado, está por el momento detenida y sin fecha estimada para su envío al Congreso. Diferencias internas y la preocupación del gobierno por los roces que podría provocar allí en un momento en el que tiene otros proyectos importantes en juego serían las razones de este congelamiento.
El hecho es lamentable en más de un sentido. En primer lugar, y a pesar de la existencia de la figura para varios delitos, algo reconocido ahora por referentes de la administración Macri, sería importante contar con un instrumento legal que ampliara el alcance de la colaboración de posibles arrepentidos a los funcionarios públicos vinculados con hechos de corrupción producidos en la administración pública. Además podrían establecerse con mayor claridad las condiciones de implementación de esta herramienta, incluyendo incentivos reales para que cumpla la función que de ella se espera.
Por otra parte, el incidente implica un traspié en la construcción de un consenso político en torno de una política de Estado de transparencia. Esto es algo imprescindible para que este y otros medios legales, existentes o que puedan sumarse, resulten realmente efectivos.
Son muchas las instancias involucradas en la lucha contra la corrupción: la justicia, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que depende éste, el Ministerio de Justicia, la UIF y otras de distinta jerarquía. Es fundamental que todas ellas cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con su función, algo que no ocurre en la actualidad. Otro problema es la articulación entre estas instancias para lograr un control eficiente de las actividades administrativas y de la información potencialmente vinculada con hechos de corrupción, como es la competencia de la UIF en el terreno del lavado de activos.
Todo lo anterior es parte imprescindible de una política de transparencia, que sea la expresión de un verdadero espíritu de compromiso con el cumplimiento de la ley. Pero, al mismo tiempo, la construcción de un consenso político y social acerca de la importancia de contar con reglas de juego claras y equitativas que se cumplan y hagan cumplir es algo determinante del éxito de esa política en mayor medida que las reformas legales y administrativas.
Las otras luchas, las luchas de poder entre distintos intereses políticos, que incluyen negociaciones y compromisos que cruzan los acuerdos programáticos e involucran la gestión de los recursos como un medio de control, entorpecen la construcción de una política de Estado acerca de la transparencia, y vuelven ineficaz el legitimo control, el de las actividades de gobierno en todos los niveles, para garantizar que se cumpla la ley, y en los casos en que se lo haga se aplique la sanción que corresponda.

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