Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

La brecha entre los derechos declarados y los hechos

MARGARITA STOLBIZER Diputada. Ex candidata a Presidenta (Progresista)

0

Cada 36 horas una mujer fallece en manos de un femicida por el hecho de ser mujer, porque hay varones que consideran que somos de su propiedad, que nuestros cuerpos son productos que les pertenecen, pensamiento que la sociedad toda produce y reproduce: el patriarcado se imprime en nuestros cuerpos y se nos impone como verdad revelada, limitando nuestros derechos, tornando nuestra humanidad en una categoría devaluada.

Los femicidios de Marina Menegazzo y María José Coni sucedidos en Ecuador suscitaron numerosas y repudiables opiniones periodísticas y declaraciones de funcionarios ecuatorianos, declaraciones que las revictimizan, las hacen responsables de su muerte, que pretenden justificar lo injustificable como ser la violencia que sufrieron, que ponen de manifiesto un discurso adoctrinador que deja entrever una amenaza latente a quienes vivimos una opción de vida diferente a la instituida, a la ‘socialmente aceptada’.

La violencia de género queda reducida al ámbito privado y se invisibiliza la raíz social de este flagelo, evitando así su trascendencia social por la que debemos exigir el diseño y aplicación de políticas públicas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es necesario que colectivamente desnaturalicemos imaginarios socioculturalmente impuestos, que mediante estigmas y prejuicios de género, estructuran y perpetúan un sistema sexista de dominación masculina. Dicho sistema conforma una estrategia de control sobre nosotras, nos ubica en un rol de subordinación y vulnera nuestros derechos.

Existieron esfuerzos aislados por brindar estadísticas referidas a la violencia machista y los femicidios en Argentina, así como iniciativas legislativas en torno a la problemática. A casi nueve meses de la popular marcha ‘Ni una menos’, de la creación del Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM), y a pesar de contar con un cuerpo normativo de vanguardia por su reconocido abordaje y protección de los derechos humanos de las mujeres, observamos que en la medida que no haya políticas públicas tendientes a erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, estos lamentables hechos seguirán sucediendo. Un claro ejemplo son las respuestas de índole punitiva -pero no por ello disuasorias- como el agravante por femicidio en el código penal.

La brecha entre el derecho declarado y la posibilidad de ejercerlo sigue siendo enorme. No sólo debemos reclamar políticas públicas para eliminar la discriminación, desigualdad y violencia por motivos de género, sino también tenemos que reclamar presupuesto para que estas políticas se lleven a cabo correctamente. El desafío es exigir el cumplimiento de las leyes, que tengan el presupuesto necesario para hacerlas efectivas, que exista un monitoreo tanto de la ejecución presupuestaria, como de la calidad en la aplicación efectiva de la norma. Esto implica trasparentar la gestión y hacer pública la información.

El Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) es el organismo encargado de la aplicación de políticas públicas en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo su gestión hasta ahora ha sido deficiente, sin alcanzar los objetivos ni incidir en las políticas públicas, lo que no permitió fortalecer el rol del Estado en la promoción de la igualdad de trato y oportunidades. Quizás por recursos insuficientes, quizás por falta de voluntad política.

En este sentido, en la agenda política de hoy no puede faltar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, declaración de emergencia en materia social por violencia de género, un debate entre los sectores políticos, sindicales y sociales por un Sistema Nacional Integrado de Cuidados que garantice la igualdad de trato y oportunidades en el mundo laboral y así contribuir a que las familias puedan resolver de la mejor manera posible el conflicto de conciliación de la vida laboral, reproductiva y familiar.

Esto permitirá desnaturalizar roles y estereotipos impuestos y avanzar hacia un cambio socio-cultural basado en la equidad y la no discriminación, lo que resultará en un impacto positivo en la participación social, política, laboral, de las personas en general, y de las mujeres en particular.