La aplicación de una justicia efectiva no se puede postergar

El gobierno nacional suspendió la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que debía ocurrir en marzo de 2016. La explicación se basa en la falta de planificación y se sabe también que tiene que ver con los atributos que le da el nuevo Código a la Procuradora General de la Nación.
Lo cierto es que el nuevo Código trae aparejadas ventajas muy importantes para la justicia, como es la implementación de juicios orales, que proveen mayor transparencia y agilidad.
Dentro de sus prerrogativas, se prevé también la implementación de juicios por jurados a nivel nacional, algo que ya está funcionando principalmente, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chubut.
Hoy los sistemas legales son obsoletos y anticuados. Normalmente no solucionan el problema de la gente y cuando lo hacen llegan demasiado tarde. Desde esa perspectiva, resulta fundamental dejar atrás el sistema escrito e implementar el sistema oral, que garantiza no solo rapidez sino además inmediación e imparcialidad del juzgador
Los juicios orales, ahora frenados con esta suspensión, dejarán de lado los voluminosos expedientes. En ese sentido, se posibilitará que la actuación judicial sea mas transparente, veloz y, finalmente, efectiva, situando en el centro del proceso a las partes, que resultan las principales involucradas.
El foco de la escena estará en la realidad de los hechos, en oposición a lo que sucedía con el sistema escrito. Allí, lo central estaba en el desarrollo del derecho y las discusiones doctrinarias.
Con el nuevo Código, los abogados serían quienes tendrían a su cargo llevar adelante el juicio, ofrecer pruebas, interrogar testigos entre otras, y el juez deberá adaptarse al nuevo rol. Será el magistrado sólo un arbitro que limitará las pretensiones de los abogados de las partes estableciendo el equilibrio en la disputa.
Todos estos cambios traen ventajas y también desafíos para los abogados, quienes deberán capacitarse y generar nuevas habilidades útiles al flamante sistema. Ya que por la importancia de su rol, antes de estar frente al juicio deberán tener una línea de investigación que cubra lo que están exponiendo.
En cuanto al formato, el juicio oral se dividirá en dos etapas. En la primera se determinará la existencia del hecho, su calificación y la responsabilidad penal del acusado. Allí el defensor deberá desplegar todo el conocimiento de los hechos y defender la inocencia de sus asistido y el fiscal, claro está hará lo contrario.
En la segunda etapa, si el imputado resultare condenado, corresponderá determinar la pena que le resulte ajustada a la ley y a los hechos. Aquí, nuevamente, entrará en escena la capacidad de persuasión del profesional, para logra que se aplique la pena máxima o la mínima según sea el caso.
Como puede observarse, la implementación de los juicios orales y los juicios por jurados permitirán tener una justicia al alcance de la gente, lo que garantizará que la actuación judicial sea mas transparente, expedita y, como dijimos, efectiva.
La decisión de postergar todas estas ventajas, tan importantes para una justicia que está en deuda con el país, deberán estar muy bien fundamentadas. De lo contrario, estaremos una vez más, retrocediendo en lugar de avanzar.