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La ONU frente a una gran oportunidad

PAOLA SPATOLA  Especialista en seguridad y titular del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana

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Spatola es especialista en seguridad y titular del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana

Spatola es especialista en seguridad y titular del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana

Hacia el año 1961, la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU diseñó una estrategia cuyo marco legal internacional permanece incólume hasta hoy día.
 

Enarbolando la consigna ‘Podemos Hacerlo’, la ONU en 1998 se comprometió a lograr "un mundo libre de drogas" para el año 2008, reafirmando la política de prohibición total. Hoy resulta claro y transparente que dicha estrategia ha desembocado en un estrepitoso fracaso. No solo la droga ha avanzado a lo largo y a lo ancho del planeta, sino que el crimen organizado ha multiplicado su poderío económico hasta alcanzar proporciones inconcebibles tiempo atrás.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) terminará hoy en Nueva York una sesión especial de la Asamblea General sobre Drogas (UNGASS). Algunos expertos han bautizado a este evento como "el principio del fin de la guerra contra las drogas". Sucede que de un tiempo a esta parte, en un número cada vez más importante de países, incluido los EE.UU., los gobiernos han comenzado a desarrollar un conjunto de políticas diferentes al tradicional planteo de "guerra contra las drogas" que fuera el paradigma dominante de las últimas décadas.

Ello ha inducido a la ONU a adelantar la Asamblea de UNGASS originalmente prevista para el año 2019, ante el urgente requerimiento conjunto de Colombia, Guatemala y México cuyos gobiernos sostienen que la forma de atacar el tema necesita de una profunda revisión. No es casual que la iniciativa la hayan tomado estos tres países cuyo tejido social ha sido de los más dañados por el narcotráfico.

La Asamblea considerará al final "los logros alcanzados y los desafíos que enfrenta el mundo ante el problema de las drogas". El interrogante que flota en el ámbito del debate es si una cantidad de recursos tan considerable como la que se ha dedicado a la guerra contra las drogas es más eficaz apoyando una estrategia que ponga por delante la salud pública en un marco que propicie la legalización progresiva del consumo bajo la estricta tutela del Estado.

Los expertos calculan que mantener la estrategia de combate abierto le ha costado al mundo durante más de tres décadas unos u$s 100.000 millones por año, monto de rango similar al dedicado a la ayuda para el desarrollo. El impacto económico de hacer cumplir las políticas punitivas sobre drogas no resiste el análisis más simple de efectividad de costos. En particular, el llamado Plan Colombia a lo largo de más de quince años desembolsó cerca de u$s 200.000 millones, comprometiendo al país a seguir una estrategia de ajuste, desregulación y apertura económica a cambio de una ayuda financiera provista por EE.UU. dedicada al combate contra las drogas.

Entre las nuevas aproximaciones al tema, merecen destacarse las ejecutadas por Portugal, Uruguay y EE.UU, que siguiendo senderos diferentes convergen hacia la consolidación de un nuevo paradigma en materia de política de drogas. Cuando Portugal presentó en el año 2001 sus reformas, el país estaba inmerso en una crisis de salud pública de proporciones con los indicadores de drogas aumentando rápidamente. Entonces se transformó en el primer país en despenalizar la droga, aboliendo las leyes que criminalizaban su posesión y uso para consumo personal, incluyendo marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas. A partir de la vigencia de esta norma, los consumidores fueron y siguen siendo derivados a redes multidisciplinarias de tratamiento donde el Estado se hace cargo de su seguimiento y rehabilitación.

El nuevo esquema portugués enfocado en la reducción más profunda y rápida de la reducción del daño que produce este flagelo, ha alcanzando resultados altamente satisfactorios. Entre los indicadores más impactantes, pueden citarse la reducción de las tasas de uso de drogas en menores y la caída del número de casos de infecciones de VIH en usuarios de drogas inyectables y las muertes por uso de heroína que se redujeron a más de la mitad.
A partir de diciembre de 2013, Uruguay se ha convertido en el primer país del mundo donde el Estado a través del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) fija las normas específicas sobre distribución, producción y consumo de marihuana. La ley permite el cultivo en hogares para consumo personal y regula los ‘clubes cannábicos’, que producirán colectivamente en forma acotada. La norma legal entró en vigencia en mayo de 2014 y ya se han acordado las condiciones para su venta en farmacias de todo el país.

En Estados Unidos, desde su prohibición total desde el 17 de enero de 1920, el consumo de drogas no ha cesado de subir, pese a la decisión de su gobierno de enfrentar el problema drásticamente. Hoy ya está lanzada una revisión progresiva de esta política a nivel del gobierno federal, la Administración Obama es la primera en la historia en establecer una Oficina sobre Rehabilitación como parte de la Oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional Antidrogas.

Esa oficina trabaja para promover políticas y programas que ayuden a apoyar a los millones de estadounidenses que se están rehabilitando exitosamente de una adicción a drogas o alcohol. A su vez, en noviembre de 2012, fue aprobada a través del voto general, una iniciativa en el Estado de Washington, por la cual por primera vez se eliminaron las sanciones criminales para el uso personal por parte de mayores de edad. A partir de allí, un número significativo de Estados ha comenzado a recorrer el mismo camino.

En 2014, primero en el Estado de Colorado y después en el de Washington, se inició la comercialización legal, para uso recreativo. El cannabis es legal en Estados como Colorado, Oregón, Washington y Alaska. En otra docena de Estados su utilización para fines médicos está permitida; y la legalización total se está debatiendo en California y Arizona.

Se espera que estas experiencias sienten los principios de una acción global coordinada que supere la obsolescencia del planteo de guerra contra las drogas y consolide una nueva estrategia basada en principios de salud pública acordes a la naturaleza social del problema. No hacerse cargo de la necesidad de cambiar, significaría que la ONU no ha terminado de comprender el grado de vulnerabilidad que sufre la humanidad ante el incesante avance de la cultura narco.

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