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La Juticia nacional del trabajo al borde del colapso y emergencia

JULIÁN A. DE DIEGO Director del Posgrado en Conducción de RR. HH. Escuela de Negocios U.C.A.

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Cada juzgado administra el triple de los expedientes que debería tramitar para que responda a los estándares normales, y otro tanto le ocurre con la carga de trabajo de la Cámara Nacional de Apelaciones.
Convergen distintos factores como si se tratara de una conspiración virtual, para que estemos con un caos tal que podríamos estar frente a los primeros casos al borde de la denegación o retardo de justicia, (art. 373 del Código Penal).

Veamos. Cada juzgado cuenta con doce empleados, y hoy el ausentismo es superior al 15% con un incremento sustantivo de las licencias psiquiátricas, muchas de ellas ligadas a la presión en el trabajo.
La carga normal total máxima de un juzgado es de 1500 expedientes y en promedio cada juzgado tiene más de 3000, con casos que superan los 4000.

Por mes ingresan entre ochenta y cien expedientes nuevos, y se terminan por distintas vías menos de cuarenta, de modo que sigue aumentando el stock. No importan cuan denodada sea la tarea de los empleados, oficiales, secretarios y magistrados, el caudal es de tal magnitud que muy pocos conservan la eficiencia histórica.
Las audiencias en muchos casos se fijas seis y hasta doce meses después de contestar demanda, las pericias se extienden por más de un año, se vieron casos de en los que la audiencia de alegar se fija con tres a seis meses de anticipación para dar tiempo, si es que hay que dictar sentencia.

En grandes números tenemos ochenta juzgados de primera instancia, en los cuales faltan unos veinticinco jueces, cubiertos por jueces subrogantes, muchos con dos tribunales a cargo (el propio y otro vacante) y con frecuencia, localizados en edificios distintos. Los juicios duran en primera instancia entre un mínimo de dos a tres años y un máximo de más de cinco años, contra un promedio de año y medio de hace menos de una década.

En la Cámara la situación no es mejor. Tenemos diez salas, con unos siete u ocho jueces faltantes, y varios magistrados que integran el tribunal propio y otro de terceros para que se puedan emitir las sentencias. Así y todo, los casos en cámara duran un año como mínimo y hasta dos años y medio a tres como máximo. Existen casos en los cuales el reclamante espera más de diez años un resultado definitivo, y en algún fallo de la Corte Suprema reciente, el actor se murió durante el proceso, y lo debieron seguir los sucesores.

Los edificios se encuentran en estado deplorable, las salas de audiencia pequeñas sin comodidades sobrecargadas con pilas de expedientes en trámite, y montañas de escritos a despacho o en trámite de notificación. Irónicamente, se está implementando un sistema informático, que se contrapone con el escenario donde todos trabajamos día a día.

Los baños y servicios sanitarios al límite de utilización, con grandes problemas de mantenimiento y de higiene, y con demasiada frecuencia se descomponen los ascensores, a menudo con gente dentro que tardan un largo rato en rescatar, dada la precariedad de los recursos.

Arácnidos de distintos tipos, insectos, mosquitos, roedores que parecen gatos, polillas, y todo bicho que se alimente de papel alterna con los seres humanos que transitan los corredores, las mesas de entrada y los cubículos donde se tramitan los casos y cuando las condiciones lo admiten, se celebran las audiencias. Muy lejos estamos de aquellas épocas que los escritos de mero trámite se despachaban en el día, hoy tardan semanas, y cuando se trata de peticiones más complejas se tardaba menos de una semana y hoy tardan meses.

Las condiciones en las que se toman las audiencias son también más que precarias, y a veces, deplorables. Las salas tienen muchas solo el espacio para el audiencista y la persona convocada, los abogados están parados o en la puerta de la salida, o a menudo, fuera de ella. No hay sillas, muebles en buenas condiciones, las paredes descascaradas o sucias.

No existe peor lugar para deshonrar la majestuosidad y dignidad de la justicia que en estos lugares que se asemejan a cuartuchos.

Mis críticas no incluyen ni pueden incluir a jueces, secretarios, oficiales primeros, relatores, auxiliares y demás colaboradores, que de un modo u otro hace una denodada tarea para mantener su juzgado en condiciones operativas razonables.

Al contrario, mi denuncia que se suma a otras que me precedieron, por el colapso de la justicia nacional del trabajo, honra a todos ellos, y demanda el auxilio del Estado con edificios construidos para las necesidades de un tribunal, mejoras en los existentes, más personal idóneo, más juzgados y más salas para evitar que la burocracia y en breve, reiteramos, para que no se den -como puede ocurrir- los primeros casos de retardo o de denegación de justicia.

La administración de la justicia es uno de los pilares de la democracia que debe sustentarse en la independencia, y en la autonomía del Poder Judicial, que no puede asumir con eficiencia los valores cualitativos y cuantitativos de la gestión eficiente, si no se cuentan con los medios adecuados. Es imprescindible que el Estado asuma sus obligaciones en todos los ámbitos con responsabilidad, es decir, respondiendo con habilidad y solo así ‘Será Justicia’.

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Comentarios1
Luis Mazarello
Luis Mazarello 27/04/2016 11:47:26

Hace cuatro (4) años tengo una sentencia definitiva ganada a una empresa; no he cobrado un peso. ¿Eso es justicia?