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Justicia rica, Justicia pobre y la historia de un príncipe

JUAN CARLOS CUBRÍA Administrador General del Poder Judicial de la Nación

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Robert Kiyosaki se pregunta en la obra que parafraseamos, cuál fue la diferencia sustancial en el camino de sus dos padres, para que uno de ellos legara una fortuna, y el otro sólo cuentas por pagar.

La reforma constitucional de 1994 produjo -entre otras importantes novedades institucionales-, una trascendental delimitación de funciones en el ámbito del Poder Judicial, al crear el Consejo de la Magistratura, un órgano que además introdujo nuevos actores en el seno de la Justicia, por contener posiblemente la representación más plural de todos los órganos del Estado.

El nuevo diseño constitucional dispuso a través del art 114 inc 3 que es facultad del Consejo "administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia". Ello significó un cambio profundo respecto a una dinámica que siguió el Poder Judicial por más de un siglo y medio, reservando la función de cabeza jurisdiccional a la Corte Suprema, pero creando -y no delegando- una cabeza administrativa.

Los tiempos de adaptación fueron complejos. En 2005 el Poder Ejecutivo Nacional resuelve zanjar las diferencias (a favor del Alto Tribunal) a través del Decreto 557/05, que reglamentó la ley 23.853 de autarquía judicial, y estableció con precisión qué parte de los ingresos coparticipables del Poder Judicial (el 3,5% del presupuesto) ingresarían a las cuentas de la Corte Suprema (0,57%), para hacer frente exclusivamente a sus propios gastos, y cuáles a la administración de toda la Justicia Nacional y Federal, a través de la administración del Consejo de la Magistratura (2,93%).

El mismo Decreto puso a disposición del Alto Tribunal los fondos del Consejo de la Magistratura de ejercicios anteriores y no ejecutados, dando lugar a que posteriormente, mediante acordadas del año 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispusiera la transferencia de $ 517 millones de ahorros del Poder Judicial gestionados por el Consejo (de partidas de fuente 13 no ejecutadas), equivalente por entonces a la mitad de los gastos de un año completo, a las cuentas del Alto Tribunal, conforme surge del documento 135441 de fecha 06-09-2007, y transferencia del 12-02-2008.

Ese acto fue el origen a la conocida creación de fondos anticíclicos y de infraestructura del Alto Tribunal, y que al día de hoy ascenderían a $ 11.000 millones, según lo anunciara el Administrador General del Alto Tribunal. La distribución dispuesta por el mencionado decreto 557 omitió además, coparticipar con el resto del Poder Judicial otros recursos que son gestionados por la administración de la Corte, como los producidos por la tasa de justicia, tal vez el ingreso que más evidentemente debería aplicarse a la mejora de las condiciones de los tribunales.

En la actualidad, del monto total de erogaciones de todo el Poder Judicial de la Nación, afrontados íntegramente por el Consejo, el 95% se destina a pagar salarios, contribuciones, obra social, aportes sindicales y convenios con la AFIP, en tanto el 5% restante se dedica al pago de todos los servicios, insumos informáticos, software, hardware, obras de mantenimiento, alquileres, gastos de intendencia, de automotor, gastos de funcionamiento, compras descentralizadas, viáticos, honorarios de conjueces, subrogancias, entre otros. Para ser más precisos, el presupuesto de gastos de todo el Poder Judicial es de $ 1600 millones por mes (en promedio), la recaudación genuina por coparticipación federal es de aproximadamente $ 850 a 900 millones por mes, y el Tesoro Nacional asiste al déficit con un promedio de $ 650 a 700 millones por mes. De estos $ 1600 millones, en Haberes con Aportes y Contribuciones se gastan unos $ 1500 millones por mes en promedio.

La restricción presupuestaria se arrastra desde 2013, época en la cual el Poder Judicial entró en conflicto con el poder político y, desde entonces, no se pudo restablecer el equilibrio financiero, abarcando así a distintas administraciones.
Es dable señalar que la Administración no recibe otros ingresos o contribuciones, es decir que es gracias al aporte del Tesoro Nacional, que tratamos de cubrir todas las necesidades básicas, sin desconocer que hay un sinnúmero que restan por satisfacer.

Resulta evidente, luego de once años de aplicación del decreto 557/05, que la distribución precisa de fondos no ha resultado suficiente, generando a las resultas un Organismo Rico (Alto Tribunal) y un Organismo Pobre (Consejo de la Magistratura), generando una palmaria disparidad, permitiendo un gran superávit en un sector y un enorme déficit en otro, como si se tratara de dos poderes distintos.

No es sano el superávit, porque no es función de la Justicia, especialmente en las condiciones actuales, producir ahorro sino invertir eficientemente el presupuesto previsto. No es sano el déficit, porque impide satisfacer las necesidades del Poder Judicial.

Hoy resulta necesaria una reformulación de las normas relativas a la administración del presupuesto del Poder Judicial de la Nación, que sean concordantes al mandato constitucional establecido en sus artículos 113 y 114, ajustándolas además a una realidad que requiere un régimen jurídico armonioso, que permita diseñar, administrar y ejecutar el presupuesto de manera de producir una verdadera mejora del servicio de Justicia. Una distribución más justa de los recursos, permitirá mejorar el camino de la Justicia.

Se impone entonces, reformular el decreto 557-05 de Néstor Kirchner, en aras de una mejor distribución de los recursos. La distribución de poderes enunciada por Charles de Secondat, Marqués de la Bret e Montesquieu, no se refiere a tres príncipes, sino a tres poderes constitucionales.

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