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Jujuy, en el centro del debate nacional: los desafíos de la política anticorrupción

La corrupción en Jujuy se encuentra hoy en el centro del debate público nacional. Esta preocupación, sin embargo, no constituye una novedad para la ciudadanía jujeña. Durante años, el reclamo de construir una política consistente para combatirla fue reiteradamente puesta en consideración por muchos legisladores locales. Estos debates, no obstante, tuvieron siempre alcances limitados, sofocándose en expresiones plagadas de escepticismo, cuando no en el más crudo de los cinismos. La principal razón de ese letargo deliberativo tiene que ver con los rasgos que caracterizan al fenómeno sobre el que se discute.

La corrupción parásita sobre prácticas fuertemente arraigadas de cada comunidad política. En sociedades donde la amistad y los lazos familiares cumplen un rol trascendental, los individuos van a verse permanentemente tentados a cometer actos corruptos cada vez que existan tensiones entre el cumplimiento de esas expectativas culturales y el deber de no corromperse. De modo que sin una ciudadanía capaz de reconocer aquellos hábitos que favorecen su propia depravación y la de su clase política, cualquier medida orientada a erradicarlos terminará asfixiada.

En los últimos comicios provinciales, el electorado jujeño parece haber despertado de su soporífera negación, otorgando su voto de confianza a un frente amplio que prometía saldar aquella deuda pendiente. Los resultados -cuando menos en términos de producción legislativa- no se han hecho esperar.

El Poder Judicial ya se encuentra bajo una de sus más importantes transformaciones, incluida la integración de un Fuero en lo Penal Económico y de Delitos contra la Administración Pública. Esta es una apuesta seria a la especialización del poder judicial, otorgándole capacidades técnicas para combatir la corrupción. En la misma línea, se ingresaron sensibles modificaciones a la Ley de Ética Pública de la provincia, que amplían el universo de sujetos obligados a presentar declaraciones juradas, extiende los bienes sobre las que ellas recae y establece mecanismos para su amplia difusión pública.

Entre otra de las reformas promovidas, destaca la creación de una Oficina Anticorrupción, investida con amplias atribuciones investigativas y preventivas ordenadas a velar por el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Régimen de Ética Pública de la Provincia y las normas que imponen deberes a los funcionarios públicos. Es importante decir que los alcances de esta Oficina Anticorrupción provincial resultan bastante más amplios que la de su par federal. Mientras la Oficina Anticorrupción a nivel nacional es un organismo que actúa bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, la novel institución jujeña tiene carácter independiente, erigiéndose como un órgano extra-poder, ganando con ello la posibilidad de controlar al resto de los poderes, con la neutralidad requerida para hacerlo eficazmente.

Ambas instituciones, no obstante, deberán coordinar sus esfuerzos al momento de investigar los más resonados casos de corrupción. Conforme a las denuncias recientemente ingresadas en los tribunales jujeños, buena cantidad de estos asuntos comprometerían recursos públicos, que eran vertidos desde el Estado Nacional a instituciones provinciales, fluyendo de manera descontrolada a través de la intrincada red de cooperativas y organizaciones barriales. Estos hechos, desde luego, se encuentran sujetos a investigación y será la justicia la que tendrá la última palabra institucional al respecto.

Pero independientemente de las políticas represivas que puedan instruirse, el desafío crucial para ambas Oficinas Anticorrupción es el de elaborar políticas preventivas capaces de dar cuenta de ese rasgo cultural que caracteriza a la corrupción. Si esas prácticas, hábitos y códigos enraizados en cada comunidad son factores altamente determinantes de la corrupción, la definición de las políticas que pretendan erradicarla deben necesariamente incorporar a los actores sociales como parte de la empresa. Es que, por un lado, quienes permanentemente interactúan con instituciones amenazadas por la corrupción, tanto ciudadanos como funcionarios públicos, cuentan con información crucial para alterar las dinámicas y arreglos institucionales que la posibilitan. Por otra parte, si la corrupción es un fenómeno de naturaleza cultural, resulta necesario que las políticas públicas orientadas a combatirla construyan los incentivos necesarios para generar una cultura política y ciudadana comprometida con valores públicos alternativos.

Es solo de ese modo, a partir de la construcción inclusiva de diseños institucionales preventivos, que puede darse lugar al surgimiento de las ‘virtudes cívicas‘, tan necesarias para que las comunidades políticas abandonen aquellas dinámicas que alimentan la corrupción. Si tales virtudes no emergen, los infiernos de la corrupción en Jujuy continuarán creciendo de forma proporcional a la densidad poblacional de la provincia.

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