Juego privado o política de Estado

Cuando en marzo del año pasado se planteó en la agenda de discusión política la necesidad de estatizar el juego, se abordó una cuestión central en la recuperación de nuestro país como Nación: anteponer la cultura del trabajo y las políticas de Estado, a la cultura de la timba y la prebenda.
No es casual que las salas de juego, casinos y bingos hayan proliferado después de la crisis de 2001. Es un síntoma de la destrucción del trabajo productivo, de la ausencia de alternativas de industria rentable para los inversores y de la desintegración del entramado social. Basta recorrer los bingos del conurbano en cualquier momento de un día cualquiera. No hacen falta encuestas ni números duros; la realidad ya es lo suficientemente dura y evidente: el juego se lleva los ingresos y la dignidad del pueblo. En una extraña noción de Redistribución de Ingresos, durante la década kirchnerista el dinero de los trabajadores y de los Planes Sociales se redistribuyó hacia los dueños de los bingos. A este despropósito se sumaron mamarrachos tales como la condonación de la deuda por mil millones de pesos que Macri le concediera a empresas de Cristóbal López. Así, los impuestos de las salas de juego, que debieron volver a la población en forma de obras y servicios, nunca lo hicieron.
De la propuesta de Sergio
Massa de estatizar el juego se desprende el desafío de promover una Ley Macro a nivel nacional. Una ley a la que las provincias puedan adherir y que unifique criterios acordes con políticas de estado consensuadas. En el caso específico de CABA, es imprescindible generar una directiva con fuerza de ley nacional declarando caducas las licencias otorgadas a Cristóbal López en esta ciudad.
No se trata de prohibir el juego o cerrar los bingos de la noche a la mañana. El planteo del diputado por el Frente Renovador abre una discusión para salir de una situación de injusticia social que hoy premia el lucro privado sobre la base de una conducta adictiva.
Lo que se necesita es abordar el juego y sus problemáticas sociales con la participación de todos los sectores políticos con representación, asociaciones civiles y organismos públicos de control de gestión. Esta propuesta debería acompañarse por políticas de estado de protección y contención del jugador compulsivo, pero también con la implementación de medidas que cuiden la salud psicofísica de los asistentes a salas de juegos.
El dinero ingresado llegaría al control estatal por vía directa y del mismo modo volvería al ciudadano. Podría imaginarse, incluso, que los enormes ingresos del juego fueran destinados a generar empresas e industrias según las posibilidades y necesidades distritales, trasladando paulatinamente la mano de obra de los bingos a sectores netamente productivos.
En definitiva, la pregunta es qué modelo de Estado, de país y de sociedad queremos. Un modelo como el progresismo kirchnerista de intervención estatal inútil para hacer caja, otro modelo de los paladines de la libertad que pretenden un estado microbiano y una
sociedad con reglas de bolsa de comercio, o un modelo de país y de sociedad que se dé a sí misma un Estado que vele por el mejor interés de la Nación que representa.