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MARTES 19/02/2019

Instrumentos legales que EE.UU. puede usar contra empresas argentinas en causas por corrupción

TALBERT NAVIA

Abogado graduado de la Universidad de Harvard

SETH FARBER

Ex fiscal asistente del Departamento de Justicia de Estados Unidos

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Instrumentos legales que EE.UU. puede usar contra empresas argentinas en causas por corrupción

A medida que la investigación en la "Causa de los Cuadernos" continúa, existe la posibilidad de que entidades e individuos involucrados puedan enfrentar consecuencias legales adicionales a las determinadas en la jurisdicción argentina, especialmente por investigaciones que puedan iniciar las autoridades de los Estados Unidos.

Un equipo de especialistas del estudio jurídico internacional Winston & Strawn enumeró los cinco principales instrumentos legales que le permitirían a agencias gubernamentales estadounidenses -como el Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), y hasta el FBI- involucrarse en la investigación y establecer sanciones a entidades e individuos afectados en la causa de los cuadernos de las coimas.

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés), es uno de los instrumentos más conocidos. El DOJ y la SEC se han convertido en persecutores globales al amparo de esta Ley, que prohíbe el pago o la oferta de dinero indebido a funcionarios de gobiernos de otros países a fin de ganar o retener negocios u obtener ventajas competitivas indebidas. También exige a las compañías llevar sus registros adecuadamente, debiendo mantener registros contables y controles financieros.

La aplicación de la FCPA es amplia, incluyendo a compañías argentinas con cualquier tipo de títulos o deuda registrada en una bolsa de valores en EE.UU. o con cotización over the counter en ese país (siempre y cuando estos últimos se encuentren obligados a presentar reportes periódicos a la Comisión de Bolsa y Valores), así como también a sus directores, empleados, accionistas y agentes, en cuanto hubieren actuando en representación de dicha compañía, y, finalmente, cualquier persona o entidad que haya infringido la FCPA mientras se encontraba en el territorio de EE.UU.

El DOJ y la SEC han ejercido agresivamente su jurisdicción bajo la FCPA, tal como ocurrió con la empresa Odebrecht a quien dichas autoridades investigaron y sancionaron basándose tan solo en el uso de ciertas cuentas bancarias en EE.UU. y en algunas reuniones sostenidas en Miami.

Mientras que la FCPA sólo aplica al soborno de funcionarios de otros países, la ley de viajes Travel Act se extiende inclusive a sobornos comerciales de individuos privados. Prohíbe la realización de viajes internacionales, el uso de correo, correo electrónico, teléfono, transferencias bancarias o servicios courier en relación con cualquier actividad ilegal, incluyendo sobornos, de acuerdo a las leyes federales o estatales de los Estados Unidos.

A diferencia de la FCPA, donde el soborno constituye la violación, esta ley se construye a partir del uso de comunicaciones o servicios de viajes para llevar a cabo la actividad ilícita.

Al igual que con la FCPA, en la medida que exista suficiente vínculo territorial entre los EE.UU. y Argentina, lugar donde se habrían producido las conductas ilícitas, la Travel Act sería aplicable para dichos actos pese a que estos ocurrieron fuera del territorio estadounidense.

Las compañías extranjeras también enfrentan responsabilidad penal bajo la ley de EE.UU. si, con conocimiento, realizaron transacciones financieras con ganancias provenientes de sobornos, sin importar si participaron o no del mismo. Este riesgo es particularmente grave para instituciones financieras, dado que la Ley de Control de Lavado de Activos ("MLCA") penaliza el lavado o transferencias de ganancias derivadas de ciertas actividades ilegales (incluyendo el soborno de funcionarios extranjeros). Asimismo, la MLCA puede ser usada para perseguir funcionarios extranjeros que solicitaron o aceptaron sobornos.

El Estatuto de Fraude por Correo o Transferencia Bancaria (the U.S. mail- and wire- fraud statute) prohíbe que cualquiera de este tipo de transmisiones sean usadas para cometer un fraude, pudiendo ser aplicable a casos de corrupción. En la medida que exista una comunicación electrónica (un e-mail, llamada telefónica o transferencia bancaria) o correo a través de los Estados Unidos para contribuir al fraude, el DOJ puede potencialmente establecer jurisdicción bajo este estatuto.

La Ley sobre Organizaciones Influenciadas por Extorsión y Organizaciones Corruptas (RICO) sanciona a las personas vinculadas a compañías que han afectado el comercio interestatal o internacional mediante patrones de "extorsión" sobornos, lavado de dinero, violaciones a la Travel Act, y fraude por correo o transferencias bancarias-. Este estatuto aplicará dependiendo de la naturaleza y alcance de las infracciones cometidas.

Haciendo uso de los instrumentos legales descriptos, las agencias gubernamentales de los EE.UU. han trabajado con sus pares extranjeros para implementar investigaciones exhaustivas en diferentes países. Oficinas adjuntas del FBI trabajan en coordinación con el DOJ y otros departamentos de los Estados Unidos con agencias de seguridad y de compliance en diferentes países para coordinar investigaciones de interés para ambos Estados.

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