Ingresos Brutos, el impacto distorsivo del que no se habla

Entre los numerosos temas que ocupan la agenda económica hay dos que se reiteran sin que se los vincule explícitamente. En efecto, la caída del nivel de actividad en general y la industrial en particular y por otra la cuestión fiscal.

Desde el punto de vista fiscal, el gobierno nacional ha priorizado la eliminación de gran parte de las retenciones, la modificación de la carga tributaria sobre las Pymes e individuos, al tiempo que, con la exteriorización de capitales, procura mejorar la base tributaria de largo plazo.

Sin embargo, poco o nada se ha tratado sobre el cruce de lo fiscal e industria y fundamentalmente del rol del sistema tributario provincial y su impacto sobre la competitividad. Pareciera que todo es una cuestión macro, donde las provincias mucho no pueden aportar.

La principal fuente de ingresos tributarios propios de las provincias es el impuesto a los Ingresos Brutos. Este se aplica a las actividades económicas y se calcula sobre las ventas en todas las etapas. Las alícuotas varían por provincias, con gran dispersión, y en general para la industria están en el orden del 3%/3,5% en la mayoría de los casos aplicándose valores diferentes si las industrias están radicadas o no.

Su esquema implica que tenga efecto en cascada (tiene impacto en todas las etapas y se repite la base imponible sobre sobre la que se aplica) y por lo tanto un efecto sustancial sobre la competitividad de la industria, sobre todo porque las provincias aplican una fuerte diferencia en las alícuotas, según las empresas tengan o no plantas radicadas.

Esta suerte de discriminación tiene efectos sustanciales sobre competitividad de los productos exportados de una a otra provincia y en consecuencia sobre las decisiones de localización y de modelos de producción. Lo anterior está potenciado por la administración de los fiscos provinciales que dejan, en muchos casos, a los contribuyentes con saldos acreedores irrecuperables o generan una inmensa carga de gestión producto de diferentes sistemas recaudatorios y normativos en cada una de las provincias.

Mucho de esta situación se ha generado como una respuesta de corto plazo a la estrechez fiscal, pero el impacto de largo plazo sobre la competitividad es tan importante como la infraestructura, el transporte o la dotación de factores, porque está afectando la capacidad de desarrollo de las provincias y sesgando las decisiones de inversión hacia actividades que no condicen con las capacidades potenciales y las mejores prácticas productivas.

La estructura impositiva descripta tiende a estimular la verticalización de las empresas (producir internamente en lugar de comprar a proveedores), promueve la producción para el mercado interno provincial, es decir, privilegia la producción donde está el consumo. Esto, que a su vez es potenciado por las leyes de promoción industrial que desgravan IIBB, condena a las provincias con menor desarrollo industrial y con mercados pequeños a profundizar su menor desarrollo relativo frente a las provincias más grandes.

Lo anterior contradice las mejores prácticas en política industrial y desarrollo regional. Éstas promueven la desverticalización, buscando ganancias de productividad sobre la base de las economías de escala y especialización, la generación de entornos de red, la promoción de emprendedores y el nacimiento de empresas. El desarrollo regional implica promover canales que permitan que lo anterior se distribuya de una manera más homogénea, reduciendo la concentración geográfica y tratando de que los distritos menos industrializados con mercados pequeños puedan insertarse en los flujos productivos de los otros distritos.

Es comprensible que para las provincias éste no parezca ser el mejor momento para discutir una reforma fiscal, pero, desde los intentos de establecer algún orden hace algunas décadas, nunca parece ser el mejor momento para enfrentar el tema. Y para este caso, no se aplica lo del whisky: el tiempo no mejora el producto; lo empeora.

Si tomamos en cuenta las demandas para que se modifique el sistema impositivo y se reduzca y equilibre la presión fiscal, parece conveniente que dentro de esta discusión se incluya el análisis de un nuevo esquema de financiamiento de las provincias, que no reduzca sus ingresos, pero que elimine los sesgos negativos del sistema tributario vigente.

Existe consenso entre tributaristas y especialistas fiscales en que están disponibles respuestas técnicas al problema, desde un IVA provincial a un impuesto al consumo, pero lo que parece no haber son respuestas políticas que entiendan que es mejor dejar de jugar un juego de suma negativa, para establecer nuevas reglas que permitan que todos ganen.

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