Inflación: paren el auto, nos queremos bajar

La inflación no es un fenómeno monetario ni estructural, sino primariamente fiscal. Su reaparición tras la salida de la convertibilidad se remonta a fines de 2009. En 2008 los holdouts impedían el regreso del país a los mercados y la última emisión de bonos a Venezuela pagó intereses del 16% en dólares. Ante la imposibilidad de convalidar nuevamente esa tasa y frente a la rebelión fiscal del campo 2009, una política fiscal inconsistente, aquella que no ajusta sus gastos a la recaudación o a las alternativas de endeudamiento público, recurrió al "impuesto inflacionario" para costear su expansión. Este tributo es altamente discrecional, elude el control parlamentario e introduce fricciones en los mercados de bienes y activos financieros.

Este instrumento ha sido abandonado en la gran mayoría de los países del mundo por sus fuertes efectos distorsivos y regresivos. Al gravar los salarios y las utilidades nominales deja en manos de los agentes económicos la disputa de la alícuota pagada por la pérdida de poder adquisitivo. Cuanto mayor sea la posición dominante de mercado menor será la misma. Los más indefensos, los desempleados, los trabajadores informales, las empresas pymes y las economías regionales estarán entonces a merced de este flagelo. La disputa por el ingreso real tiende a agravar la conflictividad social y a distorsionar la estructura de precios relativos sobre todo en los no transables como la logística y la energía.

El dinero cumple la función de transportar los ingresos y acumular parte de la riqueza de los agentes económicos. Ahora bien, nadie quiere subirse a un vehículo desvencijado o con un motor sin torque (poder de compra). Tampoco se podrá usarlo para un viaje largo si no se está seguro de llegar a destino. Las sociedades recurren a diferentes soluciones para defender sus ingresos como prolongar las disputas salariales, sustituir monedas o dolarizar portafolios. La idea de que el impuesto inflacionario puede ser Pareto eficiente en términos sociales acuñada en la frase "un poco de inflación no le hace mal a nadie" es al menos ingenua. La innovación política de "truchar" el velocímetro exacerbó aún más las expectativas negativas.

Adicionalmente, la inflación tiene efectos sobre los portafolios de activos de las familias y las empresas. Los agentes tienden a sobreponderar algunas alternativas de inversión. Es conocida la preferencia local por los ladrillos o la tenencia de dólares. Este desbalance tiende a sesgar la cartera de los residentes en dos activos evitando una recomendable diversificación de riesgos. Asimismo, el sistema financiero doméstico se ve condenado a una situación de anemia permanente. Las erosiones del valor patrimonial y de los márgenes de intermediación se suman al acortamiento de los plazos de los depósitos y la exigencia de mayor remuneración del fondeo. En contextos inflacionarios se fogonea el consumo por sobre el ahorro y existe en cierta medida una transferencia desde quienes ahorran hacia los deudores. No en vano el país tiene una de las tasas de ahorro sobre PBI más baja de la región (14%). Sin ahorros suficientes se terminan generando desincentivos a la inversión productiva.

Finalmente, la presencia del impuesto inflacionario incrementa la incertidumbre frente a la compleja estructura tributaria del país y condiciona la decisión de entrada de los inversores externos. Los activos en pesos o que generen pesos son subvaluados por quienes toman decisiones. Las inversiones financieras de corto plazo podrán apostar por instrumentos indexados o tomar coberturas, el problema lo tienen aquellos que dada la especificidad de su negocio deben optar por proyectos green field o brown field de largo plazo. Las decisiones de hundir capital, construir edificios, instalar máquinas y contratar empleados requieren de horizontes de planificación creíbles.

La construcción de un país federal, con igualdad de oportunidades, capacidades productivas crecientes e integrado a la economía internacional requiere de una estructura tributaria simple y progresiva. La carga impositiva debe ser reducida particularmente aquella asociada a la energía y la logística. El camino del desarrollo requiere del aumento permanente de la productividad, la innovación y la inversión. El combate de la pobreza y el desempleo demanda un fuerte consenso político, empresarial y social por desterrar el flagelo inflacionario. El premio por parar el auto con una política fiscal más austera sin lugar a dudas será mayor al esfuerzo de coordinación necesario para lograrlo. El país no se puede permitir el lujo de abandonar la estrategia de acabar con este infortunio a un solo instrumento. Los jóvenes, los desempleados, los desposeídos, las pymes y las economías regionales quieren bajarse ya.

Tags relacionados
Noticias del día