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SÁBADO 15/12/2018
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Inflación e impuestos

DANIEL DASSO Socio de la División de Impuestos de EY Argentina

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Inflación e impuestos

Los efectos nocivos de la inflación en el despertar económico del país han sido puestos en evidencia en un sinnúmero de oportunidades y el terreno tributario no fue ajeno a esta influencia altamente perjudicial.

Resulta que al llamado impuesto inflacionario, originado en el desequilibrio fiscal financiado con el achatamiento del poder de compra generalizado, debe adicionarse la sistemática distorsión en la medición de la capacidad contributiva real.

En múltiples situaciones, el impuesto a la renta fue convertido, de hecho, en un gravamen patrimonial, por cuanto la imposibilidad natural de corregir las utilidades impositivas derivó en el cálculo de impuestos ficticios que han debido ser satisfechos vía descapitalización de los contribuyentes.

Ahora bien, en el otro extremo y bajo premisas diferentes de composición patrimonial, corresponde apuntar también que numerosas entidades vieron reducida o eliminada su obligación, precisa y paradójicamente, debido a no tener que aplicar el ajuste por inflación impositivo.

Sucede que la incidencia de la inflación en la determinación del gravamen a la renta no presenta un comportamiento unidireccional; la falta de su reconocimiento puede causar un desembolso improcedente pero también una liberación injustificada, dependiendo las circunstancias.

En lo pertinente, la Corte Suprema y los tribunales inferiores se han encargado de convalidar, reiteradamente, la confiscatoriedad del impuesto cuando la falta de aplicación del ajuste inflacionario ha generado un tributo desproporcionado. Es por ello que la reciente reforma fiscal ha venido a reparar y encauzar, aunque de manera discutible, las distorsiones derivadas de este fenómeno.

Por un lado, se prevé la reexpresión de las inversiones efectuadas a partir de 2018 y respecto del stock de inversiones, se contempla la opción de efectuar un revalúo impositivo oneroso, por cuanto su ejercicio redundará en la obligación de ingresar un impuesto especial calculado sobre el importe de tal revalúo; éste será el costo de la posibilidad de deducir amortizaciones ajustadas por inflación en los períodos siguientes, lo cual motivará una evaluación financiera casuística en función de los resultados que se planifiquen obtener.

Por otro lado, la solución más ideal que implica el restablecimiento del ajuste integral a partir de 2018 se dispone cuando la inflación acumulada en los últimos tres períodos alcanza o supera el 100%, es decir, 26% anual promedio; situación que desvanecería su aplicación efectiva en razón de las metas planteadas en el programa gubernamental.

Vale reafirmar que la batalla contra la inflación se impone como prioridad, a efectos de reducirla a su mínima expresión.

No obstante, en el ínterin, constituye un avance la reconsideración normativa que introduce la reforma respecto de este fenómeno esquivado ex profeso durante años; aunque una fórmula alineada a parámetros de equidad hubiera requerido fijar su reconocimiento integral sin limitaciones ni condicionamientos.

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