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Incentivos fiscales para financiamiento

FERNANDO QUIROGA LAFARGUE Socio líder de Servicios Financieros de KPMG

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El marco tributario de un país debe incentivar o desincentivar conductas

El marco tributario de un país debe incentivar o desincentivar conductas

Hace pocos días tuve la oportunidad de participar en un debate sobre inversiones y financiamiento en Latinoamérica desde la perspectiva impositiva.

Todos los representantes de países de la región coincidían en la misma aseveración: en la búsqueda de desarrollo económico y superación social, la recepción de inversiones y el financiamiento externo juegan un rol clave. Infraestructura, energía, industria, ciencia y tecnología han sido los aspectos especialmente señalados en esa imperiosa necesidad regional.

Como los recursos globales son limitados y los objetivos generales de la región muy semejantes es lógico que exista ‘competencia’ entre países para captar inversiones y financiamiento. En este sentido, el marco tributario de un país debe no solo ayudar a obtener recaudación fiscal sino también incentivar o desincentivar conductas dadas de estrategias económicas previamente definidas.

Yendo al caso argentino, nuestro sistema fiscal parece ser un coctel contradictorio en el que conviven políticas económicas pendulares por las que pasamos sin escalas de incentivar el arribo de capitales a restringirlo.

Es posible entonces conjeturar que, una vez superada la eliminación de las restricciones cambiarias y el acuerdo con los holdouts, las necesidades de financiamiento de bancos del exterior van a ser múltiples y significativas. Consecuentemente sería importante repasar el marco fiscal local para este financiamiento y, a la vez, compararlo con resto de las normativas de los países de la región.

En nuestro país existen exenciones en el Impuesto a las Ganancias sobre los intereses pagados al exterior cuando el que se financia es el Estado pero muy diferente es el tratamiento cuando el que se financia con un banco del exterior es el sector privado.

Teniendo en cuenta que mayoritariamente las retenciones de este impuesto se encuentran contractualmente a cargo de la empresa local, la incidencia fiscal en la práctica encarece el ya de por si alto costo de financiamiento.

Dado que la necesidad de financiamiento e inversión del exterior ha sido un discurso común entre los principales candidatos en las últimas elecciones, y que debería ser el sector privado el que impulse sanamente el crecimiento del empleo en el país, ¿es lógico que el Estado intervenga con un fin recaudatorio aumentando el costo de financiamiento del sector privado al gravar los pagos de intereses al exterior con un 15,05 % (que se transforma virtualmente en un 17,72 % cuando el sujeto local se hace cargo de la retención)? Vale aclarar que es el mismo sector privado el que ya contribuye a las arcas públicas con el 35 % de sus ganancias anuales.

Repasemos que sucede en la región; Chile establece para préstamos provenientes de bancos del exterior una alícuota de retención entre el 4 y el 5 %, México del 10 % y Perú del 5 al 8 %. Con una mayor incidencia están: Brasil con 15 % (pero que se transforma en 0 % para préstamos para la exportación), Colombia con 14 % (pero en los casos de préstamos para la importación y exportación aplica el 0% cuando se trata de financiamiento menor a 1 año) y Uruguay 12 %.Por ende es Argentina el país con mayor incidencia fiscal de la región para el financiamiento proveniente de bancos del exterior y paradójicamente uno de los que más lo necesita.

Si a partir de advertir esta paradoja, Argentina bajara significativamente la tasa de retención del Impuesto a las Ganancias o bien, porque no, la convirtiera en cero, sería un instrumento excelente para bajar el costo financiero local en un contexto de necesidad imperiosa de crecimiento y de poca capacidad de financiamiento a gran escala que tiene el mercado local.

La coyuntura nos pone además en una circunstancia inmejorable para el cambio. En los hechos, el escaso financiamiento externo que se ha venido dando en los últimos años nos hace pensar que la eliminación o reducción de estas retenciones no debiera causar un perjuicio relevante en el aspecto recaudatorio de corto plazo.

¿Lo podremos hacer esta vez?

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