Impuesto a la riqueza: la síntesis del cambio de rumbo permanente en materia tributaria

Actualmente, la Cámara de Diputados se encuentra discutiendo el proyecto de Ley referido al aporte solidario, también conocido como impuesto a la riqueza, en el marco de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos.

El citado aporte se prevé que sea extraordinario y por única vez, situación que es difícil poder afirmar sin temor a equivocarse dado que en nuestro país muchos impuestos que fueron creados con fines específicos se extendieron en su vigencia más allá de su plazo original de creación, por ejemplo, el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios creado en 2001 y cuya vigencia se previó en origen hasta el 2002 hoy continua en plena vigencia sin intención alguna de ser eliminado.

El actual proyecto intentará alcanzar a las personas humanas y sucesiones indivisas cuyos bienes valuados de acuerdo al impuesto sobre los bienes personales al 31 de diciembre de 2019 superen los $ 200 millones, valuados de acuerdo a las disposiciones de la ley del citado impuesto, y sin deducción de mínimo no imponible, siendo las alícuotas progresivas en un rango del 2% al 3,50% para bienes situados en el país, y del 3% al 5,25% para bienes en el exterior.

Asimismo, se establece que se suprimirá el diferencial respecto a los bienes situados en el país, en el caso de verificarse la repatriación de los bienes en un plazo de 60 días desde la publicación de la ley en el boletín oficial, siempre que dicha repatriación sea igual o superior al 30% de sus tenencias financieras en el exterior.

En este sentido, es interesante resaltar los cambios de rumbo en materia tributaria y la fragilidad de las normas, ya que, en el año 2016 luego del blanqueo de capitales se estableció un cronograma de reducción de la carga tributaria en lo referente, entre otras medidas, al impuesto sobre los bienes personales. Es decir, los contribuyentes venían en una reducción paulatina de alícuotas del 0,75% al 0,25% (años 2016 a 2018) para aquellos sujetos que debían tributar el impuesto, y también se otorgó, a quienes cumplían los requisitos, el llamado “beneficio contribuyente cumplidor que eximia el pago del impuesto por dichos años.

En síntesis, veníamos en una reducción de la carga tributaria en el impuesto sobre los bienes personales hasta el año 2019, año en el cual no sólo el impuesto no fue dejado sin efecto, sino que se estableció un incremento de alícuotas que van del 0,50% al 1,25% para bienes en el país, y del 0,70% al 2,25% para los bienes situados en el exterior. Y es en este contexto que se lanza este proyecto de aporte extraordinario que, no sólo tiene como base imponible la misma que el impuesto sobre los bienes personales sino que, además, incrementa las alícuotas de manera significativa.

Finalmente, es muy importante mencionar que la creación de este aporte extraordinario, en caso de ser aprobada la Ley, no estará ajeno a posibles discusiones en los tribunales toda vez que existen principios básicos que podrían verse afectados, como el principio de la no confiscatoriedad basado en el derecho a la garantía constitucional de la inviolabilidad de la propiedad privada.

En este sentido, la postura de la Corte Suprema se basa en que cuando el Estado absorbe una parte sustancial de la renta o del capital que son objeto del gravamen, se considera al impuesto confiscatorio y por ende inconstitucional y para ello el contribuyente deberá demostrar tal absorción.

Finalmente, corresponde preguntarse si este tipo de medidas generan un desaliento a la inversión privada, la cual resulta fundamental para la reactivación de la economía del país ya que el crecimiento de la economía es lo que genera riqueza y puestos de trabajo, y partir de la generación de dicha riqueza es que se produciría de manera sana y sostenida el incremento de la recaudación fiscal.

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