Martes  07 de Abril de 2020

Ideas emergentes para una provincia en emergencia

Ideas emergentes para una provincia en emergencia

La emergencia sanitaria y las consecuentes medidas de aislamiento social adoptadas producen un preocupante deterioro en la economía real que la política fiscal debe atender a través de medidas que atenúen sus efectos negativos.

La sociedad en general y quienes escribimos estas líneas priorizamos la vida por sobre la economía, pero sin soslayar el grave impacto que las medidas preventivas para combatir la pandemia del coronavirus imponen sobre el circuito económico (sector privado y sector público).

Es evidente que la distribución de los costos resulta desigual entre los distintos agentes económicos, siendo más aguda sobre los trabajadores informales, el cuentapropismo, y quienes exhiben menores niveles de ingreso. Atento a ello, es el Estado quien debe asumir un rol activo ante un mercado que además de funcionar parcialmente y a cuentagotas, profundiza desigualdades.

En ese marco, y desde el plano fiscal, se avizora la necesidad de alcanzar tres objetivos concurrentes, i) fortalecer el gasto social y en servicios económicos mediante políticas activas; ii) sostener la recaudación para asegurar el financiamiento de las erogaciones públicas; y iii) redistribuir el peso de la carga tributaria entre los distintos sectores de la economía, requiriendo que el esfuerzo adicional de algunos financie el alivio temporal de otros.

En el pasado, la provincia de Buenos Aires se ha enfrentado a situaciones de emergencia multidimensional, y ante ellas la política y administración tributaria han jugado siempre un papel central en la búsqueda de mayores recursos para mejorar la posición relativa de quienes más la padecen.

En particular, desde la administración tributaria se ha recurrido sistemáticamente a distintas medidas como el diferimiento de impuestos, el otorgamiento de planes de facilidades de pago, y el levantamiento de medidas cautelares.

Por otro lado, los caminos escogidos por la política tributaria han dependido de las circunstancias históricas y del consenso político.

  • En el año 1989 se crearon adicionales de emergencia sobre el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos expresados como un importe equivalente a un anticipo precedente (Ley 10.897; BO 11/04/1990).
  • En el año 2001 se incrementaron en un 30% las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre contribuyentes que en el año 2000 hubieran ingresado un impuesto superior a $200 mil (Ley 12.727; BO 23/07/2001).
  • En el año 2007 se incorporó el cuestionado y posteriormente derogado “Adicional a la Riqueza” (Ley 13.648; B.O 04/04/2007).
  • En el año 2012 se implementó una reforma impositiva que, entre otras cuestiones, estableció un revalúo rural, elevó ciertas alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos, y dispuso la liquidación de una cuota adicional para los impuestos patrimoniales (Ley 14.357; BO 31/05/2012 y Ley 14.394; BO 15/11/2012)

Considerando estos últimos antecedentes de aporte extraordinario de aquellos sectores con mayor capacidad contributiva, podría evaluarse en esta instancia la adopción de un criterio similar pero combinado con una serie de medidas transitorias que asimismo permitan un esfuerzo relativamente menor para aquellos que menos pueden.

Transitar este camino implicaría poner eje en la capacidad redistributiva del sistema impositivo provincial ante la profundización de la emergencia económica que se ha visto repotenciada por la emergencia sanitaria.

La definición específica de esta política pública orientada a redistribuir temporalmente la carga de financiamiento del Estado provincial supone la identificación y utilización de los mejores instrumentos tributarios disponibles los cuales deberán ser evaluados en términos de recursos involucrados, consideraciones de equidad, facilidad de implementación y viabilidad política.

En esa dirección, desde la política tributaria se podrían analizar dos medidas: Disponer de un incremento extraordinario y temporal en la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los 1.000 contribuyentes con mayores niveles de ingreso durante el año 2019. Afectaría sólo al 0,07% de los contribuyentes de la Provincia (hoy son aproximadamente 1,5 millones).

Esta medida debería proponerse y discutirse previamente a nivel federal pues requiere una nueva adenda al denominado Consenso Fiscal el cual se encuentra suscripto por las Provincias y el Gobierno Nacional. Incorporar una cuota adicional en el componente Complementario del Impuesto Inmobiliario para aquellos contribuyentes que cuentan con más de 3 inmuebles en la(s) planta(s) por la(s) que tributa(n) (Urbana Edificada, Urbana Baldía o Rural). Afectaría aproximadamente a 175.000 contribuyentes multipropietarios y significaría pagar 5 cuotas en lugar de 4 durante el corriente año (+25%). En la Provincia hay un total de 7 millones de inmuebles registrados.

Mientras que desde la administración tributaria algunas ideas podrían ser:

- Exclusión temporal del Régimen General de Percepciones y del Régimen de Retenciones sobre Acreditaciones Bancarias del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $ 3 millones en el año 2019. Beneficiaría a 1,3 millones de contribuyentes del Impuesto (más del 85% del total) y en el caso específico de las percepciones evitaría el pago del tributo de forma previa al perfeccionamiento del hecho imponible.

- Diferimiento de pago del saldo de declaración jurada del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $ 3 millones en el año 2019. A este mismo universo podría exigírsele la presentación de la declaración jurada mensual pero posibilitarle el diferimiento del pago por un plazo a definir.

- Incorporación de la deuda por omisión de Agentes de Recaudación en los planes de facilidades de pago previstos en el marco de la Ley 15.165 de Emergencia Social, Económica, Productiva y Energética. Esta ampliación permitiría generar mayores recursos al Estado provincial durante los próximos meses, pues hasta el momento ARBA solo lo reglamentó para contribuyentes y no para agentes de recaudación.

En síntesis, la provincia de Buenos Aires dispone de herramientas de emergencia que podrían lograr los objetivos trazados en materia de política fiscal: generar recursos para asegurar las mayores necesidades de erogaciones derivadas de la implementación de políticas activas, y a la vez redistribuir la carga tributaria hacia sectores con mayor capacidad económica y financiera. Este elemental sentido de justicia no hace más que afirmar que hoy más que nunca, el Estado debe demostrar la importancia del Estado

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