Hay que definir en qué gastar antes de pelearse por la coparticipación

La discusión sobre cómo se reparten los ingresos tributarios entre la Nación y las provincias, que el Gobierno se propone impulsar después de las elecciones de octubre, empezará como una pulseada política sobre fórmulas y porcentajes. Pero lo que deberá establecer esa discusión es algo más profundo: un consenso sobre qué actividades debe tener a su cargo el Estado y cómo se financiarán.

Si el debate sobre los recursos públicos se da sobre la actual estructura de gasto del Estado (ya sea nacional como provincial o municipal) será imposible avanzar en un objetivo central como es es reducir la presión tributaria récord que ni siquiera se reparte sobre toda la actividad productiva, ya que un tercio continúa dentro de la economía informal.

Durante la charla que mantuvo en El Cronista, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, apeló a una metáfora de la historia para describir los comportamientos que hace falta modificar para saldar de una vez esta asignatura: "Los argentinos somos unitarios para recaudar y federales para gastar". El funcionario remarcó que a muchos dirigentes del interior con responsabilidad de gobierno les queda cómodo que la Nación haga el esfuerzo de cobrar impuestos y que las provincias gasten sin rendir cuentas sobre el uso de ese dinero. El federalismo, en ese sentido, le da un matiz complejo, porque la Nación no es dueña de los recursos, sino un socio que actúa como agente recaudador.

Por eso la respuesta no va a llegar creando tabiques en torno al gasto, sin acordando roles y funciones. Lo que falta sumar en esa mesa de debate es el destino del sistema previsional, que no es de una jurisdicción en particular sino de todos los argentinos. Hasta ahora las normas vigentes sirvieron para acordonar una estructura de gasto que se duplicó en doce años sin que la contraprestación que reciben quienes lo financian se hayan multiplicado en la misma proporción. Ni siquiera sirvió para aliviar la pobreza. Es hora de que la prioridad en el diseño de las políticas fiscales vuelva a estar puesta en el ciudadano.

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