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Hacia una responsabilidad penal empresarial

Emilio Cornejo Costas (h) Abogado, asociado estudio Lisicki Litvin

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Se habla cada vez más de la necesidad de una ley de responsabilidad empresaria, en el entendimiento de que "la ética y la transparencia son obligaciones también del sector privado". En el caso ‘Lava Jato’, en Brasil, se castigó a la empresa Odebrecht con u$s 2600 millones de multa por pagar sobornos. Para el avance de la investigación, fueron claves las delaciones premiadas (arrepentidos), y el castigo penal de la empresa, pues ayudaron a la justicia a negociar la reducción de la sanción a cambio de información.


Vale el ejemplo para demostrar que el castigo penal a la Persona Jurídica por sobornos a funcionarios -nacionales o extranjeros-puede ser útil. Nuestro Código Penal sólo castiga a las personas físicas por los delitos de corrupción. No obstante, existe un proyecto de ley en el Congreso que prevé la responsabilidad penal de las empresas que sobornan. Más allá de la pena prevista, el objetivo del proyecto es forzar al empresario a implementar programas de cumplimiento normativo que impidan o reduzcan la posibilidad de cometer delitos por parte de la empresa. Aunque parezca utópico, una suerte de auto vigilancia que las obliga a generar mecanismos y procedimientos internos que dificulten y detecten delitos por parte de sus directivos, administradores o trabajadores, ofreciéndole a cambio, una atenuación o eximición de la sanción que le pudiera corresponder.

Nos cuesta asumir esta tendencia porque estamos acostumbrados a identificar a la empresa con las personas que la integran, y a que la respuesta penal sea en contra de las personas físicas. Pero lo cierto es que para algunos delitos -tributarios, aduaneros, cambiarios, de lavado de dinero, y ahora delitos contra la administración pública-, el castigo penal a la empresa es una realidad.

El Proyecto permite castigar a la empresa con multa de hasta un 20% de su facturación anual, en los casos en que, en su interés, se cometa un delito contra la administración pública. Sin duda que su aprobación será un importante avance, pero una reforma legislativa, como mera reacción a una situación coyuntural, resulta insuficiente.

Una visión integradora que armonice esta decisión con el funcionamiento de otros subsistemas será necesaria. Y tan o más importante que la amenaza y la sanción (económica y reputacional por añadidura), serán los controles que haga el Estado a los efectos de verificar si las empresas cumplen con estos Programas de Compliance; principalmente verificar si los mismos están orientados a la detección de riesgos (laborales, regulatorios, de protección de datos, de fraude, de corrupción, medio ambientales, etc).

Sin duda que ello debe ser complementado con un eficiente y buen funcionamiento de la justicia.

El desafío, también es convencer a las empresas de que invertir en un programa de cumplimiento creíble y eficaz, que prevenga y detecte cualquier incumplimiento normativo, es la mejor manera de impulsar la competitividad y asegurar la continuidad de un negocio.

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