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Hacia una reformulación del derecho comercial

RODOLFO G. PAPA  Abogado y profesor en Ucema

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Un tema debatido por la abogacía corporativa, habiendo transcurrido el primer año de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (el ‘CCyC’), ha consistido en precisar cuál ha sido la reformulación experimentada por nuestro Derecho Comercial.

Podríamos sostener -al menos preliminarmente- que, a pesar de la derogación del Código de Comercio, operada por el CCyC, la materia mercantil rige actualmente en plenitud, no solamente por la incorporación a este último de una serie de institutos que han conformado su esencia (por ejemplo: la rendición de cuentas; principios sobre la contabilidad y estados contables; la representación; las reglas de interpretación; los títulos valores; y, la regulación de una serie de contratos nominados, entre tantos), sino también porque ha mantenido en vigor una serie de leyes emblemáticas, como los casos de las legislaciones societaria (con ciertas modificaciones trascendentales) y concursal, respectivamente.

El CCyC se ha diseñado sobre la premisa que tanto la calidad de comerciante como el ejercicio de los actos de comercio (hoy derogados), parecerían ser insuficientes para comprender toda la actividad empresaria, estableciéndose -en consecuencia- un nuevo criterio delimitativo de fuente objetiva, basado en la actividad económica organizada, quedando desactualizada -además- la noción de lucro, como excluyente de la aplicación de esta disciplina.

Es indudable que el alcance de la nueva delimitación que conduciría a la ley y jurisdicción mercantil, se ha ampliado, abarcando así a los denominados nuevos ‘obligados contables’, categoría que ha superado a la histórica noción del comerciante, y que engloba a: las personas jurídicas privadas; ciertos entes contables determinados sin personalidad jurídica -específicamente, los siguientes contratos asociativos: unión transitoria; agrupación de colaboración y consorcio de cooperación-; a los agentes auxiliares del comercio; y muy especialmente, a las personas humanas que -como principio general- desarrollen una actividad económica organizada o sean titulares de una empresa o de un establecimiento comercial, industrial o de servicios, quedando únicamente eximidas aquellas que desarrollen actividades profesionales o agropecuarias que no se encuentren organizadas en forma de empresa.

Independientemente que el Derecho Comercial ‘post-vigencia del CCyC’, enfrenta un proceso de reconstrucción, podría concluirse -en lo que concierne a su reformulación- que el estatuto del comerciante ha sido reemplazado por los precitados obligados contables, teniendo en cuenta que para los casos de las personas humanas, quedarían comprendidas aquellas que desarrollen en forma continua, normal y habitual, una actividad económica organizada o sean titulares de una empresa o establecimiento, debiendo acreditarse alguno de tales escenarios, como una cuestión de hecho, y de manera concluyente, ya que su existencia -como tales-, debería ser interpretada como una regla de excepción.

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