Jueves  21 de Septiembre de 2017

Habría que darle la plata a los alumnos para que elijan el colegio y zafen de las tomas

Habría que darle la plata a los alumnos para que elijan el colegio y zafen de las tomas
Hace más de 60 años, hacia 1955, el economista Milton Friedman propuso una verdadera revolución mental para mejorar la educación en Estados Unidos. El mismo pensador que habló de liberar el consumo de drogas como única forma de derrotar al narcotráfico, dijo entonces que el Estado sin duda debía seguir sosteniendo la educación básica de la población, pero en lugar de subsidiar a las escuelas y gremios docentes, el subsidio debería ir directamente a los estudiantes o mejor, a sus padres, siempre y cuando el dinero se destine a pagar los colegios de sus hijos.

Con la lógica liberal de la competencia, serían entonces los alumnos y sus padres quienes eligieran libremente a qué colegio concurrir, y no como ahora que los que no pueden pagar educación privada están casi obligados a concurrir a la escuela del barrio donde viven. En lugar de que los alumnos elijan a qué colegio asistir, como hacen los ricos, son las escuelas hoy las que elijen a los alumnos más pobres. No son los consumidores los que eligen libremente qué producto comprar, sino que el productor (los docentes, escuelas, sindicatos, burócratas) terminan imponiendo las condiciones a los consumidores que no pueden optar. Salvo que sean ricos y puedan pagar educación privada.

El economista Roberto Cachanosky recogió esta idea recientemente en un artículo del pasado 19 de junio en su blog, explicando que ya varios países están desarrollando la idea del voucher educativo, para que sectores sociales de menos recursos puedan educar a sus hijos eligiendo con más libertad dónde formarse.

Aún como un ejercicio teórico, vale la pena mirar algunos números de la Argentina educativa de hoy y hacer las cuentas. Sobre todo ante el fracaso a la vista de la educación pública en estos años, con resultados penosos en las pruebas internacionales, extrema politización y descontrol interno en los más emblemáticos centros educativos del Estado que resultan tomados por los alumnos alentados por sindicatos y políticos de izquierda, y un despilfarro de gasto público monumental con resultados vergonzosos: cada vez se gasta más dinero en un sector que empeora visiblemente en toda la línea.

Hoy en Argentina hay básicamente 6,5 millones de chicos que asisten a escuelas estatales en la modalidad inicial, primaria y secundaria. De los casi u$s 50.000 millones que se gastan en el presupuesto educativo (7 puntos del PBI), se estima que unos u$s 40.000 millones van a los jardines de infantes, primaria y secundaria. Con eso se atienden salarios, obra social, edificios, inversiones, equipamiento, tizas y borradores. Si lo dividimos por los 6 o 7 millones de chicos que se educan a costa del Estado, permitiría darle a cada padre/alumno entre 400 y 500 dólares por mes para su educación.

Competirían los colegios por recibir alumnos, los maestros que se esfuercen y trabajen mejorarían sus carreras y sus ingresos y no se permitirían los abusos sindicales con licencias eternas, docentes que cobran y no trabajan, escuelas que no invierten porque no llega el dinero. Por cierto, estarían prohibidas las tomas de colegios. Si las hubiera, los chicos que no quieren involucrarse en la toma y seguir estudiando, harían lo que hacen los ricos. Irían a las escuelas donde no se permiten las tomas.

Sería, de verdad, el fin de la extorsión de los sindicatos docentes en la Argentina. Impensable en un país donde reina el gradualismo, lo políticamente correcto y la especulación electoral.

No se preocupa tanto el Gobierno del qué dirán y sí opera más eficiente y practico a la hora de seguir metiendo la mano en los bolsillos de los ciudadanos. A medida que pasan las semanas, se va confirmando que la reforma impositiva que prepara el equipo económico no es para bajar impuestos, sino para subirlos. Se mantiene el impuesto al cheque, no se permite el ajuste por inflación ni siquiera para devolver lo que correspondería al costo de vida en los dos años del Gobierno Macri, la friolera de 60%. Se llegará al colmo de la estafa del Estado: pretenden cobrar una penalidad para que las empresas puedan ajustar sus balances. Se aplicará un índice por precios mayoristas para revaluar los activos con la inflación acumulada de 17 años. Eso permitirá que la amortizaciones sean mayores y se reduzca el impuesto. Pero el que quiera aplicarlo, su derecho constitucional, deberá pagar un peaje. Sólo en Argentina

Hay más. Muy preocupante es la confirmación de que crece la intención de aplicar un fuerte impuesto al ahorro, inexplicable medida en un país que necesita inversiones. El rumor de las últimas horas es que no solo habría un impuesto a las Lebacs, sino que el ala neo estatista de la Jefatura de Gabinete, enfrentados por este tema con el equipo económico por la necesidad de financiar el ajuste en el fondo del Conurbano, analiza establecer un impuestazo retroactivo a estos instrumentos por los intereses ganados en 2017. Ni siquiera se tendría piedad con los inversores a quienes no se les cobraría para adelante, permitiéndoles así optar si continuar o salir; sino que se pretendería cobrarles para atrás. Si al 25% de interés en pesos de un Lebac se le aplicara el 35% de impuesto a las ganancias, la estafa del Gobierno a los ahorristas sería significativa. Deberá clarificarlo el Banco Central en las próximas semanas. Podrían salvarse los Fondos de Inversión para evitar la protesta de los bancos, y también los depósitos a plazo fijo. Sería un retroceso importante en el camino de modernización económica que auspicia el Gobierno.

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