Griesa se cansó de las declaraciones 'inflamatorias' de Cristina

Ni el reclamo de los bonistas del canje ni el apoyo de la Fed de Nueva York pudieron evitarlo. Cansado de lo que llamó las ‘declaraciones inflamatorias‘ de la Argentina, el juez Thomas Griesa ordenó en Nueva York pagarles a los fondos buitres el 100% de lo que reclaman en menos de un mes. Son unos u$s 1.330 millones (correspondientes al capital original más los intereses devengados) que deberán desembolsarse el 15 de diciembre si la Argentina quiere evitar un nuevo default.

El proceso legal, como seguramente se encargará de resaltar el Gobierno, aún continúa. La Argentina solicitó una nueva audiencia ‘en banc‘ ante el pleno de la Cámara de 13 jueces en Nueva York y todavía queda la apelación a la Corte Suprema. Pero dado que Griesa decidió levantar la medida que mantenía en suspenso (‘stay‘) la aplicación de su sentencia -y que vencía el 1 de diciembre- la Argentina no tiene otra opción que pagar. O claro, atenerse a las consecuencias.

¿Por qué la amenaza de un default técnico? Si la Argentina elige pagar sólo a los bonistas que sí aceptaron los canjes del 2005 y el 2010, con más de u$s 3.000 millones en vencimientos el mes que viene, parte de esos fondos serán embargados para hacer frente al pago que ordena la Corte. Y la Argentina incumplirá parcialmente su compromiso con los bonistas del canje.

Pero los demandantes, encabezados por NML Capital de Elliott Management, no son los únicos que rechazaron la quita del 70% de la Argentina. Como bien advirtió Moody’s hace unos días, la sentencia de Griesa sentará un precedente legal para otros ‘holdouts‘ -entre ellos muchos jubilados italianos- que hoy, más de diez años después, ven una posibilidad de cobrar. Así, el reclamo actual podría llegar a u$s 7.500 millones si el resto de los acreedores decidiera presentarse. E incluso extenderse hasta u$s 12.500 millones si se consideran eventuales demandas de quienes tienen bonos en default denominados en euros.

La sentencia de Griesa en contra de la Argentina se basó en la consideración de que la Ley Cerrojo del 2005, que prohíbe la reapertura del canje y que fue suspendida temporalmente durante la segunda vuelta de la reestructuración en 2010, viola la llamada cláusula ‘pari passu‘, que ordena un tratamiento igualitario a todos los bonistas.

Las bravuconadas de la Argentina, que se encargó una y otra vez de insistir en que no pagaría un solo dólar a los fondos buitres pese a la orden de la Justicia, parecen haber colmado la paciencia de Griesa. ‘Las amenazas de desafiar a esta Corte no pueden ser pasadas por alto‘, escribió en su fallo de ayer, presentado minutos antes del comienzo del feriado de Acción de Gracias.

Pagar implicaría clausurar un capítulo que acerque a la Argentina a una demorada reinserción en los mercados internacionales. Pero pagar, en el vocabulario K, implicaría rendirse. Claudicar en esta gesta soberana. La intransigencia puede costarle demasiado a la Argentina.