Gasto público y déficit fiscal

Los ciudadanos de un país poseen tres tipos de necesidades: privadas (las básicas de alimentación y vestimenta); colectivas (educación, transporte) y públicas (el funcionamiento de los tres poderes, el servicio de defensa y de relaciones exteriores, etc).

Los dos primeros tipos pueden ser satisfechos tanto por el propio individuo como por la comunidad. Por el contrario, las necesidades públicas sólo pueden ser satisfechas por el Estado. Las necesidades públicas, a su vez se consideran: primarias, tal como las ya señaladas, y secundarias: estas últimas poseen como característica ser privadas o colectivas de origen; sin embargo, por decisiones de los ciudadanos por medio de sus representantes, se elevan al grado de necesidades públicas.

El presupuesto de una Nación (lo mismo es válido tanto para las provincias como para las municipalidades) puede definirse como un pronóstico de ingresos (los impuestos que se estima recaudar) y una autorización legal de gasto (el financiamiento de las necesidades públicas tanto primarias como secundarias).

Un presupuesto equilibrado destaca la inexistencia de superávit o déficit fiscal.

En consecuencia, cuando los ciudadanos eligen que el Estado financie, entre muchos otros: que sus representantes en el Congreso posean un número indeterminado de asesores, que el Poder Judicial trabaje seis horas por día con un mes y medio de vacaciones pagas, asistir a recitales musicales gratuitos durante todo el año, que los Ministerios de Educación soporten ausencias permanentes de maestros y profesores que deben ser cubiertas por suplencias.

También que el Estado contrate asesores con contratos de locación de obra violando las leyes laborales vigentes, que los empleados de las administraciones provinciales y municipales excedan una planta razonable y que al no ser suficiente la recaudación obtenida requieran ayudas del Tesoro, que se creen policías municipales que casi no emplean armamento ni detienen sospechosos merodeadores, que se abonen jubilaciones a quienes nunca realizaron aportes, que se abonen indemnizaciones por supuestos perjuicios cometidos por el Estado en tiempos inmemoriales sin que exista auditoría que sustente dichos pagos, que se creen universidades satélites utilizadas para fines no educativos y sean contratadas para la realización de obra pública que, por la autonomía universitaria carecen de los indispensables controles de auditoría pública.

Y, además, se otorguen más beneficios a los denominados trabajadores de la economía popular (aguinaldo, vacaciones, pese a que se desconocen las tareas que realizan); reclutamiento de policías que principalmente se dedican a fumar y enviar mensajes de texto; mayores asignaciones a adolescentes embarazadas; publicidad contraria al consumo de tabaco pero no de drogas como marihuana y cocaína...

Todo ello aumentará el gasto público a valores muy elevados; y cuando la recaudación de los tributos no responde a dicho aumento la consecuencia lógica es el aumento del déficit fiscal.