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Ganancias: la experiencia demuestra que subir la presión fiscal no cura demasiado

A fuerza de tanto discutir en los medios el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, hay un dato que la sociedad ya aprendió: que se trata de un gravamen coparticipable y que la mitad de la recaudación que se pierda por el acuerdo alcanzado con la CGT será cedida por las provincias. Pero lo que hay que recordar es que Ganancias no se divide en partes iguales, ya que tiene otros destinos: del total que cobra la AFIP, 64% se reparte entre la Nación y provincias, mientras que el 20% va a la ANSeS y 16% a un fondo para obras de carácter social. Conclusión: el cambio en el impuesto implicará una transferencia a los asalariados de fondos que hoy van a los jubilados y a provincias con bajos recursos.

Este no es un argumento contra la reforma, sino para esclarecer como se financia. La realidad es que si Mauricio Macri, la CGT y la clase política discuten este proyecto es porque en 2007 lo que pagaban los asalariados por Ganancias equivalía a 1,4% del PBI, mientras que en 2015 esa cifra escaló a 3,2%, cifra muy similar a lo que ha sido el promedio histórico de lo que tributan las empresas.

El problema de Ganancias fue la combinación letal de una inflación alta y la falta de actualización tanto de las escalas como del mínimo sobre el que se empieza a pagar. Los trabajadores formales quedaron atrapados en este esquema. Las empresas, sobre todos las medianas y pequeñas, lo resolvieron aumentando su nivel de informalidad y creando menos empleo.

Lo que la Argentina debe reconocer hoy, es que aumentar la presión fiscal para curar un exceso de presión fiscal no es una salida sustentable a largo plazo. Hay que restablecer un equilibrio que favorezca a las personas físicas, y también cerrar mecanismos de elusión que tienen las grandes empresas. Cuando el Estado cede recursos, lo que hace es poner en juego el dinero de todos.

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