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‘Fútbol para todos’ y el principio de inocencia

DANIEL VIOLA AbogadoEstudio Viola& Appiolaza

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‘Fútbol para todos’ y el principio de inocencia

El ocaso del programa de TV conocido como ‘Fútbol Para Todos’ (FPT) no sólo ha derivado en una profunda crisis institucional y financiera en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sino que avanzan las investigaciones sobre una denuncia por presuntos desvíos de fondos públicos. Los objetivos esenciales del FPT fueron: 1) Que todos los habitantes de la Nación vieran por TV abierta y gratuita los partidos de primera división de AFA y

2) Fortalecer económicamente a los clubes.

El pasado 9 de marzo, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal dictó resolución en la causa ‘Segura, Luis Miguel y otros s/ procesamiento y embargo’, confirmando el procesamiento de los ex jefes de gabinete de ministros, Aníbal Domingo Fernández y Jorge Milton Capitanich, por considerarlos en esta etapa, autores del ‘delito de violación de los deberes de funcionario público’ (arts. 248 y 45 del Código Penal) y Luis Miguel Segura, Rafael Armando Savino, Miguel Ángel Silva, José Lemme, Carlos Atilio Portell y Rubén Manuel Raposo en orden al ‘delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública‘ (arts. 173 inciso 7, 174, inc 5), y de Juan Gabriel Mariotto, ex coordinador del FPT "por considerarlo autor del delito de peculado" (Se le imputa haber pagado a la AFA sumas de dinero que "no condecían con los derechos y obligaciones asumidas, malversando caudales públicos cuya administración, percepción y custodia le habían sido asignados en función de su cargo"). También fueron confirmados los embargos de bienes a los ex jefes de gabinete precitados ($ 10 millones), a Luis Segura (ex presidente de AFA, por $ 50 millones), a los otros directivos procesados

($ 20 millones), y a Gabriel Mariotto ($ 5 millones).

La hipótesis delictiva de esta causa que tramita ante la jueza federal María Romilda Servini está basada en que una parte de los fondos destinados por el Estado Nacional al programa FPT no habrían sido destinados según los fines establecidos en el contrato -y sus adendas- firmados entre la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) y la AFA, entre agosto de 2009 y diciembre de 2015.

Tales fondos, cuyo origen de ‘públicos’ o ‘privados’ se discute, en lugar de distribuirse entre los clubes, habrían sido usados en operaciones financieras tildadas ‘prima facie’ de fraudulentas, desviándose hacia entidades no relacionadas con el fútbol. A los funcionarios públicos se les endilga haber incurrido en omisión de sus deberes, por no controlar el destino previsto para los fondos girados desde el Estado Nacional hacia la AFA, que luego ésta distribuyera entre los clubes.

Según la jueza, esas maniobras son compatibles con la administración fraudulenta en perjuicio de la AFA y de la Administración Pública. Dentro del objeto de investigación cabe citar: a) El convenio entre la AFA y la Fundación El Futbolista (31/08/2009), donde la primera se obliga a ingresar a la fundación el 2% de las sumas brutas totales recibidas del FPT. b) Las operaciones de préstamos otorgados por el Banco Credicoop, entre enero de 2010 y noviembre de 2013, por un total de $ 85 millones, que fueran garantizados por la AFA con el contrato del FPT. c) Las operaciones de descuento de cheques de pago diferido efectuados por los clubes en entidades bancarias y/o cooperativas y/o financieras, con merma del monto nominal. d) Diferencias entre lo debido y lo pagado en especie por la empresa Iveco Argentina S.A., sponsor del torneo de primera división, en detrimento del Estado Nacional. e) Las obligaciones contraídas por la AFA en las adendas al contrato firmadas con la JGM.

Entre ellas, la del 07/12/2011, que dispuso un reajuste del monto ‘mínimo anual garantizado’ pasando de $ 600 a $ 825 millones anuales. En esa ocasión, la AFA reafirmó su obligación de ejercer los controles de cumplimiento sobre los presupuestos y obligaciones de los clubes, sus deudas impositivas y previsionales, y avanzar en un programa de saneamiento club por club, según el estado de sus deudas con la AFA.

 

La ‘Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano’ (1789), consagró el derecho "natural, inalienable y sagrado del hombre", como regla procesal según la cual "el acusado no está obligado a rendir prueba alguna sobre su inocencia", principio que rige en nuestra Constitución Nacional (art. 18). El profesor Sabas Chahuán Sarrás, (ex fiscal nacional de Chile entre 2007-2015), imponía un doble estándar de exigencia, el investigar los hechos que incriminan y los que liberan de responsabilidad con igual celo. Cabe esperar que la continuidad de la investigación arroje mayores certezas y que finalmente, sean determinadas las responsabilidades penales para cerrar tan oscuro capítulo del fútbol argentino.

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