Faltan nuevos acuerdos para romper el circulo vicioso de la presión tributaria

No hay argentino que no haya sentido en carne propia los efectos de la elevada presión tributaria que aplica el Estado. Es un reclamo unánime, que arranca con el exagerado IVA de 21%, sigue con los tributos que recargan cualquier compra de un bien durable, como un auto o una casa, y termina con la retención de Ganancias que pesa sobre los salarios. Pero eso no es todo, ya que la maraña de impuestos se extiende a todas las actividades productivas, y se multiplica en provincias y municipios.

El Gobierno arrancó bien, incluso más de la cuenta, en la óptica de algunos economistas. Anuló las retenciones que pesaban sobre la actividad agropecuaria (excepto la soja) y enfrentó críticas de aquellos que le pedían no ir tan rápido para no depender tanto del endeudamiento. El círculo se cerró solo: una crisis de confianza sobre el pago de deuda obligó a reponer retenciones de manera transitoria.

Con Ganancias también hubo margen político de corregir un reclamo que los gremios (liderados por Moyano) le hicieron al kirchnerismo en toda su gestión: la actualización automática del mínimo no imponible y las deducciones salariales. El problema este año fue otro: la inflación.

El último esfuerzo estructural por impulsar una baja de la presión tributaria fueron la reforma de 2017 y el pacto provincial que la complementó. El Ejecutivo aceptó ceder recursos para compensar a los distritos a cambio del compromiso de reducir gravámenes como Ingresos Brutos. Pero algunos no cumplieron, dejando una vez más que sean los contribuyentes los que hagan el esfuerzo por sostener todos los gastos. El país se debe aún un acuerdo en el que Estado y privados dejen de ser rehenes uno del otro: en el fondo el bolsillo es uno solo.

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